No se ve bien la salida de Martha Lucía Zamora como directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Aunque el presidente de la República, Gustavo Petro, dijo que todo se dio porque “en realidad tengo distancia sobre la manera como se ha llevado la defensa de la nación en varios temas y quiero profundizar de otra manera en eso que se llama defender el poder público, es decir, defender el interés general de la sociedad colombiana”, el hecho viene después de un abuso de autoridad por parte del canciller Álvaro Leyva, en medio de serias denuncias de posible conflicto de intereses y ante la realidad de que el Gobierno no supo cómo manejar la licitación de pasaportes.
La frustración del canciller Leyva con Zamora, según reportó La W, se debe a que no quiso darle largas a una conciliación con Thomas Greg & Sons. Lo advertimos en su momento: la intempestiva cancelación de la licitación del contrato de pasaportes, cuando ya estaba avanzada y se habían cumplido todos los requisitos, le iba a salir cara al Estado colombiano. Los pliegos que armó este Gobierno se ajustaban a la ley y los proponentes cumplieron con los requisitos. Si bien al presidente Petro le molestó que hubiese un solo proponente al final del proceso, nada en la licitación era irregular. Sin embargo, el canciller Leyva decidió intervenir, lo que por supuesto le generó un lío judicial al país en el que, hay que decirlo, los demandantes tienen la razón.
Hay que diferenciar entre buenas intenciones y realidades normativas. Compartimos el deseo expresado por el presidente Petro de que no haya licitaciones con un solo oferente, pero esa no es la norma. Necesitamos una reforma que pase por el Congreso que lo exija. Actualmente, si uno de los oferentes cumple con todos los requisitos, no hay motivos para negar la adjudicación. La falla del Gobierno en todo el proceso de los pasaportes fue, entonces, en la formulación, lo que no es culpa de los contratistas. El golpe en la mesa que decidió dar el canciller Leyva era a todas luces una arbitrariedad, como lo discutimos en este espacio en su momento.
Toda la situación toma tintes macabros cuando añadimos la información que conocemos. Como contó La W, Leyva le gritó a la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Entre lo que le dijo es que un proceso jurídico contra el Estado tardaría mucho tiempo y que por eso no había que conciliar. Faltaba más: ¿entonces el Estado debe empeñar recursos futuros y desgastar en procesos injustos solo por satisfacer los intereses políticos del gobierno de turno? Para completar, en entrevista reciente, la exdirectora Zamora señaló que tiene información cuestionable sobre el hijo del canciller Leyva y posibles interesados en hacerse con los contratos de pasaportes. Es gravísimo y necesitamos respuestas eficientes por parte de las autoridades.
Nos queda, entonces, otro ejemplo lamentable de una renuncia intempestiva en la administración Petro. Por “cuidar al presidente” no se pueden saltar las normas ni arrojar por la borda carreras loables en defensa del Estado. Apoyamos la idea de que no haya licitaciones con un solo oferente, pero el camino hacia ese objetivo pasa por el Congreso, no por la oficina de recursos humanos del Estado.
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