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El comandante del Ejército Nacional, general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, intervino esta semana de manera abierta, violenta y lesiva en la campaña presidencial en curso. Con sus opiniones indebidas sobre un candidato presidencial no solo afecta la legitimidad del ejercicio democrático que el Ejército Nacional está llamado a resguardar, sino que deja sobre el ambiente del debate público la idea de que los militares están en contra de un sector político que, por cierto, lidera hoy las encuestas y tiene una posibilidad real de llegar a la Casa de Nariño. Con el arrebato del comandante se fomentan los discursos que buscan desestabilizar el proceso, se despiertan los miedos de un infame “ruido de sables” y se afecta la confianza de los colombianos en la Fuerza Pública. Una disculpa no será suficiente: ¿dónde está la responsabilidad por un hecho tan grave, que viola la Constitución Nacional?
El general Zapateiro estaba molesto con Gustavo Petro, senador de la República y candidato presidencial. A propósito del terrible ataque en el que fueron asesinados seis soldados del Ejército, el senador Petro escribió, sin aportar pruebas, que “algunos de los generales están en la nómina del Clan. La cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico los que terminan ascendiendo a los generales”. Se entiende que el comandante de las Fuerzas Armadas se haya molestado con tan insolidaria y hasta canalla declaración, pero eso no justifica lo que vino después: un hilo de trinos del general dedicados contra el candidato presidencial. Eso no tiene presentación ni puede tolerarse.
Dentro de lo escrito por el general está una frase que denota una clara intervención política: “A ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa de basura”. Estas palabras estarían protegidas por la Constitución si las dijera un ciudadano común o alguno de los contrincantes del candidato presidencial, pero emitidas por el comandante del Ejército Nacional toman connotaciones temibles. ¿Está acaso el líder del Ejército sentando posición política sobre la idoneidad de uno de los candidatos? ¿Qué pasa si este gana la Presidencia? ¿Qué se espera de un Ejército cuya cabeza considera que su más probable, al día de hoy, comandante en jefe recibe “dinero mal habido”?
Las implicaciones, todas, son graves y ensombrecen un proceso democrático ya de por sí tensionado. La prohibición de que los miembros de la Fuerza Pública voten o intervengan en política ha sido un pilar esencial de cómo hemos construido nuestro Estado. Tiene sentido que el Ejército ofrezca garantías de protección a todos los colombianos, sin importar sus credos o posturas políticas, en un país donde históricamente la violencia ha tenido tintes partidistas. Por eso la Constitución Nacional lo estipula de manera categórica.
Es dable asumir que el general Zapateiro se sintió autorizado con el mal ejemplo del presidente de la República, Iván Duque, quien no ha perdido oportunidad para controvertir públicamente y casi a diario las tesis del senador Petro. Aunque el mandatario, al menos, no utiliza el nombre propio de su contrincante y esa ha sido su defensa, por lo demás bastante deleznable cómo este ejemplo lo hace palpable. Ahora que el comandante del Ejército Nacional ha hecho un ataque político directo, insistimos: ¿dónde está la responsabilidad por tan grave atentado a la democracia colombiana?
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