Su construcción quedó contemplada en el documento Conpes de septiembre de 2009, en donde se le consideró una inversión primordial para el desarrollo del país. Sin embargo, este proyecto puede terminar siendo un arma de doble filo si no se atiende como amerita, pues compromete una cantidad importante de recursos —$8,5 billones, de los cuales la Nación aportará 6,2— y zonas ecológicamente muy frágiles. No manejarlo con el cuidado debido es arriesgarse, por un lado, a repetir la desafortunada experiencia de los manglares del Parque Nacional de la Isla de Salamanca, que casi desaparecen por la falta de planeación de desagües. Y, por el otro, a perder por errores, sobrecostos y corrupción inmensas sumas de dinero.
En el marco de este complicado escenario, al que se suman las presiones por el trazo de las líneas en predios que buscan valorización, surge un elemento adicional: la adjudicación forzada de su construcción. La primera de las dos fases de la Transversal de las Américas fue entregada ayer al consorcio Vía de las Américas a las tres de la madrugada y casi a las patadas. El Gobierno, a pesar de los múltiples reparos, insistió que era su deber asignar la concesión por 1,6 billones de pesos, pues no quería dejarle problemas a su sucesor. En su parecer, hubiera sido demasiado difícil para la administración entrante retomar los estudios —que defendieron estaban claros y completos— y revisar la estructuración de la supercarretera —que dijeron era igualmente sólida y transparente—. De aquí que, dada la incapacidad del gobierno Santos de revisar lo que estaría perfectamente planificado, el primer tramo debió adjudicarse a toda carrera.
Valió poco que el nuevo gobierno, en voz del Ministro de Transportes electo, Germán Cardona, insistiera en que no tendría problemas en recibir el proyecto y verificar su ajuste a las normas. Tampoco importó que el ex director del Inco, Julio César Arango, renunciara tres días antes de la adjudicación por inconformidades con el proceso, ni que varios licitantes pidieran más tiempo para poner en orden sus propuestas. Mucho menos interesó la continua intervención de los organismos de control. La Fiscalía, que objetó la falta de estudios ecológicos para atravesar el Darién, fue despachada con una simple aclaración de que la primera fase llegaría sólo hasta su frontera. Y al zar anticorrupción, Óscar Ortiz, lo hicieron a un lado mostrando que los alegados sobrecostos del proyecto eran falsos y que no había razón para abordar con más calma el proyecto.
Situación que refleja un manejo deficiente del proyecto que se oscurece todavía más con la también forzada adjudicación el pasado 22 de julio de la tercera fase de la Ruta del Sol, por más de 2 billones de pesos. Cabe recordar que, de no haber sido por la intervención del procurador, Alejandro Ordóñez, sólo hubiera licitado uno de los nueve proponentes. Aunque finalmente no se supo bien qué llevó al comité evaluador a descartar las otras ocho propuestas, sí se supo que al Gobierno le importó poco restituir a las firmas licitantes y adjudicar su construcción.
Así las cosas, aunque todos los procesos estén en orden, lo cierto es que las obras de infraestructura que afanosamente ha adjudicado el gobierno saliente despiertan todo tipo de desconfianzas. Y la velocidad del proceso no ha permitido organizarlas. No se sabe si el Ejecutivo en efecto intervino más de la cuenta, como lo denunció Cecilia Orozco en su columna. O si los comités evaluadores están comprados y de aquí que estén descartando a quien no debían. O si, en realidad, el dinero se filtró a los organismos de control, que han entorpecido los procesos por sus propios intereses. En cualquiera de los casos, incluido el de la perfecta transparencia del proceso, el exceso de afán ha provocado que nada quede claro. Situación evidentemente peligrosa para proyectos tan delicados y costosos que comprometerán al país por muchos años.