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Despejando mulas muertas

A MEDIADOS DE SEPTIEMBRE, CUANdo el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados, comenzó a socializar el primer borrador del ajuste a la estructura arancelaria, Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), expresó su preocupación por los anuncios oficiales.

El Espectador

01 de noviembre de 2010 - 06:00 p. m.
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Según el directivo y otros jefes gremiales, el Gobierno haría mal al liberar unilateralmente el comercio agrícola en pro de frenar la revaluación o profundizar acuerdos comerciales. Frente a estas quejas el Ministro aclaró que el sector no tenía por qué preocuparse y que, por el contrario, los agricultores, como todos aquellos que importaban materia prima y maquinaria para su producción, deberían recibir con gusto la noticia. Tiene razón. Una reducción promedio de cuatro puntos en los aranceles a los bienes intermedios no tendría sino que alegrar a los beneficiarios. ¿Por qué entonces los lamentos? Bueno, porque los tradicionales subsidios les son más rentables a los grupos de interés con capacidad de lobby que las medidas que benefician a todos.

Afortunadamente, esta administración viene dejando de lado las voces particulares, o por lo menos así lo indica la reestructuración arancelaria, que si bien no es revolucionaria como algunos sugieren, sí es un paso en la dirección correcta. Hace tiempo que se tenía pendiente simplificar el sistema y todas sus gabelas que, además de dificultar el recaudo, perjudicaban a los más pequeños; finalmente, no son las pymes las que tienen sistemas especiales de compra y venta ni las que acceden a las zonas francas que permiten importar materias primas a menores costos. Bien hace el Gobierno en buscar repartir de manera más equitativa las cargas, de la misma manera que hace bien al dar un paso hacia la apertura sin la presión de la firma de algún TLC. Pese a que nuestros aranceles no son realmente altos, sí están por encima de los de la región y esto es un punto en contra, por ejemplo, para ser admitidos en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en otras alianzas que robustecerían el comercio del país.

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También ayudaría el efecto colateral que implica mayores pagos en dólares por razón de un aumento en las importaciones. Este flujo, aunque incapaz de frenar la revaluación del peso con respecto al dólar, contribuiría a frenar el impacto de la política monetaria americana. Es claro que el país tendrá que lidiar con la revaluación por el tiempo en que EE.UU. mantenga su estrategia devaluacionista. Sin embargo, un mayor ingreso de divisas por importaciones, combinada con un endeudamiento del gobierno central también en dólares y otras medidas que ya están implementando la administración y el Banco de la República, frenarán en algo la volatilidad del tipo de cambio aminorando los daños.

Todo esto, no obstante, sin caer en el positivismo del título del comunicado de prensa que anuncia la medida. "Menos aranceles para más competitividad, más empleo y menos pobreza" no son exactamente las consecuencias de la reforma arancelaria. Menores costos sí implican mayor eficiencia, pero no por ello mayor competitividad. Para ello necesitamos avances importantes en infraestructura, procesos y tecnología. ¿Más empleo y menos pobreza? Eso tampoco es claro. Si bien se anunció un aumento en 0,2 puntos del PIB y la creación de 150.000 empleos formales, de lograrse la meta no sería por razón de esta reforma. O por lo menos no exclusivamente. Los cambios al estatuto aduanero, el aumento en los controles al contrabando y el uso efectivo de instrumentos de defensa comercial, entre otras medidas, deberían llevarse el crédito. Pero más allá de todos los esfuerzos y sus especulativos resultados, es de celebrar que el Gobierno esté tratando de rectificar absurdos sistemas de privilegios y evitar, como lo dijo Díaz-Granados, que mañosos intereses hagan de "mulas muertas en el camino del desarrollo". Ojalá sean capaces de mantenerse en el propósito.

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