Sin embargo, no porque la prolongada faena terminara debe entonces eludirse el debate sobre las causas que dieron origen a la demora y la reflexión sobre si el problema continúa sin resolverse, como infortunadamente todo parece indicarlo.
La explicación de que la Corte no nombró Fiscal por causa del enfrentamiento entre el entonces presidente Álvaro Uribe y la Corte Suprema de Justicia, es simplista y parcializada. Que hubo tal conflicto, de ello no hay duda, como tampoco de que algunos magistrados pudieron resistirse a escoger Fiscal de ternas propuestas por quien los había fustigado, pública y privadamente. Pero atribuir el desorden a una supuesta cuenta de cobro de la Corte al Mandatario de entonces es cerrar los ojos a un problema que compromete la estabilidad institucional y su credibilidad.
El origen del huracán, que por poco arrasa a la Corte, se relaciona con un asunto muy diferente: la insistencia de la Sala Laboral para que el resto de sus compañeros eligieran como magistrado a Gabriel Miranda, a quien designaron en la última votación, no sin antes haberlo tenido parqueado como candidato casi año y medio. Por razones que no se han hecho públicas, pero que se comentan reiteradamente, la mayoría de los magistrados de las Salas Civil y Penal no apoyaron inicialmente la aspiración de Miranda, lo cual molestó en grado sumo a sus colegas de la Sala Laboral.
Hasta allí el problema se reducía simplemente a la derrota de un aspirante a ser magistrado, lo que en esas corporaciones nada tiene de raro. Lo insólito fue que la Sala Laboral, ante la negativa de la mayoría de sus compañeros para apoyar al candidato de su preferencia, sin declararlo oficialmente, optó por vetar cualquier otro nombramiento a cargo de la Corte, mientras no se accediera a designar a Miranda. Los resultados de esta estrategia no pudieron ser más desastrosos, sólo que por haberse confundido con la crisis generada por las dificultades para elegir Fiscal, muy pocos se percataron de lo que pasó.
Por obra y gracia de esta estrategia con sabor a veto, alimentado por las heridas que dejó la embestida del Gobierno, la Corte no sólo se vio imposibilitada para proveer rápidamente sus propias vacantes, sino también para elegir presidente en propiedad sometiendo al doctor Jaime Alberto Arrubla a la penosa situación de ser vocero en encargo de la corporación durante los días más difíciles de la crisis. A tal extremo llegó la situación, que tampoco pudo la Corte nombrar magistrados de tribunales superiores.
Después de discusiones, filtraciones, enfrentamientos velados y ostensibles distanciamientos, es cierto que la Corte, previa modificación del quórum decisorio, pudo nombrar Fiscal, lo cual se aplaude, pero ello sólo fue posible cuando la Sala Laboral impuso el nombre de Gabriel Miranda, como nuevo magistrado.
¿Por qué inicialmente la mayoría de los magistrados de las Salas Civil y Penal no apoyaron al candidato de la Sala Laboral? ¿Qué les hizo cambiar de actitud? ¿Qué hay en la hoja de vida del doctor Gabriel Miranda que el país deba conocer? ¿Qué injerencia tienen ciertos ex magistrados de la Sala Laboral, a quienes hoy como litigantes todavía se les siente activos y en campaña proselitista permanente? Son apenas algunos de los interrogantes que deben ser resueltos, para que no vuelva a repetirse la tragedia de una Corte bloqueada por una de sus Salas.
Por El Espectador
