Finalmente, y a pesar de las modificaciones en las leyes de circuitos que neutralizaron el poder de la oposición, los resultados del sufragio generaron ilusiones sobre un balance menos desequilibrado del poder. Sin embargo, llegó el invierno y con éste la excusa perfecta para aprobar en la Asamblea la Ley Habilitante, la cual faculta al Presidente para legislar por decreto. Así, por inadmisible que parezca, la oposición llegará el próximo 5 de enero a una Asamblea que estará, durante año y medio, restringida por el Ejecutivo. Lo impropio, no obstante, no le quita lo histórico: esta sería ya la cuarta vez en 11 años que el presidente Hugo Chávez es habilitado para legislar sobre una amplia gama de materias. Son hasta ahora 60 los decretos que han alterado por esta vía la estructura política, social y económica del vecino país.
Aunque no se trate todavía del fin de la democracia venezolana, no por esto la Ley Habilitante y el autoritarismo que la subyace deje de estremecer. Miedo que, anudado a las demás normativas que a sólo dos semanas del cierre legislativo están siendo aprobadas en tiempo récord en la actual Asamblea, adquiere justificación. Entre las normativas difíciles del paquete está la Ley de Partidos Políticos, que prohíbe el llamado transfugismo y que fue aprobada ya en la primera instancia del Legislativo. Esta normativa impide, además, a los diputados votar en contra de los programas adelantados por su partido o “aliarse con fuerzas políticas adversas”. Así, por ejemplo, los miembros del Partido Comunista de Venezuela, que es el cuerpo político que respalda al presidente Chávez, a pesar de haber sido electos por voto popular y de contar por Constitución con “libertad de conciencia”, deberán obedecer los lineamientos que establezcan las directivas de su ahora vitalicia colectividad.
A la falta de garantías que representa una separación formal, pero no real de los poderes, y de la coerción política que significa la Ley de Partidos, se suman dos proyectos también complejos, por decir lo menos: el de las leyes de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y el de Telecomunicaciones. El primero pretende extender aún más el control gubernamental sobre los contenidos transmitidos y el segundo sobre los medios de transmisión. Así, por ejemplo, el gobierno controlará ahora la llave de internet que permite bloquear, como sucede en China, las páginas de la web que considere inapropiadas y podrá sancionar, según lo juzgue conveniente, a las empresas celulares por los mensajes de texto inadecuados. Además, podrá controlar el espectro de difusión. Globovisión, por ejemplo, sólo podrá, de ser aprobada la ley, transmitir su señal televisiva en Caracas y Valencia.
La lista no termina: la Ley de Protección de Soberanía Política coartará la labor de las ONG, la Ley Orgánica del Poder Municipal aumentará el centralismo y la Ley de Educación hará públicas todas las universidades privadas. Para oscurecer el panorama, se suma la reticencia de la comunidad internacional a presionar valores democráticos. Apatía, que no sólo se explica por la voluntad de estabilizar a cualquier precio la región, sino por la apariencia de legalidad de todas las reformas. Finalmente, si los veedores nacionales de la Constitución venezolana no se pronuncian, los poderes extranjeros y las instancias multinacionales no podrán hacerlo. Difícil es entonces la situación del vecino país y compleja la amenaza de la concentración del poder que representa para el nuestro. Mucha calma y habilidad deberá tener el presidente Juan Manuel Santos y su Cancillería para manejar a un Gobierno con cada vez mayor control y voluntad para ejercerlo.
Por El Espectador
