La conquista de la laicidad

Se le ha visto por estos días al presidente Álvaro Uribe de rodillas para dar gracias ante el cuerpo embalsamado del beato Mariano Eusse Hoyos por la liberación de los 15 secuestrados que se encontraban en poder de las Farc; a la Iglesia Católica mediando entre el Presidente y la Corte Suprema de Justicia, en una reunión liderada por el cardenal Pedro Rubiano; y al Presidente y varios de sus ministros rezando el rosario en el Palacio de Nariño con transmisión por el Canal Institucional.

Varios son los columnistas que se han pronunciado frente al peligro que representan este tipo de actitudes que llevan a que los principios básicos de la Constitución, en donde se estipula que habrá libertad de cultos e igualdad de las iglesias ante el Estado, sean obviados. Los funcionarios públicos no pueden hacer alarde de sus convicciones religiosas en público, cualesquiera que éstas sean, porque ello contradice el espíritu incluyente y pluralista que denota la decisión de haber promulgado una Constitución en la que, a diferencia de la de 1886, la religión católica es una más entre las existentes y no goza de preferencia alguna.

Sin embargo, el propio Gobierno Nacional se ha encargado de adelantar proyectos contrarios a los de la necesaria separación entre la Iglesia y el Estado, como cuando anunció, en términos de política educativa, que la religión sería reintroducida en tanto que curso obligatorio en los colegios. No especificó que tuviese que ser la religión católica, es cierto, pero todos los colombianos tienen derecho a no profesar culto alguno si así lo desean —y, evidentemente, la inmensa mayoría de los colombianos profesa el catolicismo—. Creer, en ese sentido, se traduce en una decisión personal.

Y es aquí donde las creencias de nuestros gobernantes riñen con la posibilidad de que los colombianos asuman sus propias decisiones, en el ámbito privado, sin interferencia alguna del Estado. Penalizar el consumo mínimo, como se quiere hacer por sexta vez el día de mañana con un proyecto de ley, así como sugerir que los jóvenes deben dejar el “gustico” para más adelante, son planteamientos morales que se derivan de una concepción católica de la vida que nada puede frente al libre desarrollo de la personalidad.

Ahora bien, más allá de las creencias de algunos de nuestros gobernantes, que en privado son inofensivas, no parece que la sociedad se percate del riesgo real que se deriva del ataque a la laicidad. Para llegar a la Constitución de 1991 e instaurar un sistema laico, que en todo caso no figura como tal en el texto, mucha fue la sangre que corrió en el territorio nacional por obra y gracia del enfrentamiento entre conservadores y liberales que diferían frente al lugar que debía ocupar la Iglesia Católica en el ordenamiento moral y jurídico de la sociedad. Aún resuenan los ecos de las guerras civiles del siglo XIX, la intransigencia y el radicalismo ocasionados por las reformas religiosas implementadas por el ex presidente Alfonso López Pumarejo en los años treinta, así como las incendiarias pastorales de diferentes obispos, durante la violencia partidista de los años cincuenta, dedicadas exclusivamente a impartir órdenes morales que pretendían hacer de la música “de negros”, el consumo de alcohol, la afiliación al liberalismo, o la simple ida al cine, pecados graves que podían dar pie a una excomunión.

El debate que habrá que abordar, ahora que esa conquista parece  amenazada, le compete a la relevancia que tienen los valores de la laicidad para una sociedad que se pretende democrática. La laicidad, en realidad, más que a la separación entre la Iglesia y el Estado, se refiere a la posibilidad de que las convicciones de los individuos, sin importar su lugar en el poder, no se conviertan en leyes y, a su vez, no permita que se los excluya. Es, en últimas, lo que hace posible que la sociedad, en constante cambio, discuta sin imposiciones ni miedos asuntos que le son centrales, como lo pueden ser la sexualidad, la familia o el aborto.

Si no hay laicidad, puede decirse, no habrá garantías para la diversidad, en las discusiones que suscitan polémicas se apelará a una única verdad y la democracia seguirá siendo un ideal difícil de llevar a la práctica.

Se le ha visto por estos días al presidente Álvaro Uribe de rodillas para dar gracias ante el cuerpo embalsamado del beato Mariano Eusse Hoyos por la liberación de los 15 secuestrados que se encontraban en poder de las Farc; a la Iglesia Católica mediando entre el Presidente y la Corte Suprema de Justicia, en una reunión liderada por el cardenal Pedro Rubiano; y al Presidente y varios de sus ministros rezando el rosario en el Palacio de Nariño con transmisión por el Canal Institucional.

Varios son los columnistas que se han pronunciado frente al peligro que representan este tipo de actitudes que llevan a que los principios básicos de la Constitución, en donde se estipula que habrá libertad de cultos e igualdad de las iglesias ante el Estado, sean obviados. Los funcionarios públicos no pueden hacer alarde de sus convicciones religiosas en público, cualesquiera que éstas sean, porque ello contradice el espíritu incluyente y pluralista que denota la decisión de haber promulgado una Constitución en la que, a diferencia de la de 1886, la religión católica es una más entre las existentes y no goza de preferencia alguna.

Sin embargo, el propio Gobierno Nacional se ha encargado de adelantar proyectos contrarios a los de la necesaria separación entre la Iglesia y el Estado, como cuando anunció, en términos de política educativa, que la religión sería reintroducida en tanto que curso obligatorio en los colegios. No especificó que tuviese que ser la religión católica, es cierto, pero todos los colombianos tienen derecho a no profesar culto alguno si así lo desean —y, evidentemente, la inmensa mayoría de los colombianos profesa el catolicismo—. Creer, en ese sentido, se traduce en una decisión personal.

Y es aquí donde las creencias de nuestros gobernantes riñen con la posibilidad de que los colombianos asuman sus propias decisiones, en el ámbito privado, sin interferencia alguna del Estado. Penalizar el consumo mínimo, como se quiere hacer por sexta vez el día de mañana con un proyecto de ley, así como sugerir que los jóvenes deben dejar el “gustico” para más adelante, son planteamientos morales que se derivan de una concepción católica de la vida que nada puede frente al libre desarrollo de la personalidad.

Ahora bien, más allá de las creencias de algunos de nuestros gobernantes, que en privado son inofensivas, no parece que la sociedad se percate del riesgo real que se deriva del ataque a la laicidad. Para llegar a la Constitución de 1991 e instaurar un sistema laico, que en todo caso no figura como tal en el texto, mucha fue la sangre que corrió en el territorio nacional por obra y gracia del enfrentamiento entre conservadores y liberales que diferían frente al lugar que debía ocupar la Iglesia Católica en el ordenamiento moral y jurídico de la sociedad. Aún resuenan los ecos de las guerras civiles del siglo XIX, la intransigencia y el radicalismo ocasionados por las reformas religiosas implementadas por el ex presidente Alfonso López Pumarejo en los años treinta, así como las incendiarias pastorales de diferentes obispos, durante la violencia partidista de los años cincuenta, dedicadas exclusivamente a impartir órdenes morales que pretendían hacer de la música “de negros”, el consumo de alcohol, la afiliación al liberalismo, o la simple ida al cine, pecados graves que podían dar pie a una excomunión.

El debate que habrá que abordar, ahora que esa conquista parece  amenazada, le compete a la relevancia que tienen los valores de la laicidad para una sociedad que se pretende democrática. La laicidad, en realidad, más que a la separación entre la Iglesia y el Estado, se refiere a la posibilidad de que las convicciones de los individuos, sin importar su lugar en el poder, no se conviertan en leyes y, a su vez, no permita que se los excluya. Es, en últimas, lo que hace posible que la sociedad, en constante cambio, discuta sin imposiciones ni miedos asuntos que le son centrales, como lo pueden ser la sexualidad, la familia o el aborto.

Si no hay laicidad, puede decirse, no habrá garantías para la diversidad, en las discusiones que suscitan polémicas se apelará a una única verdad y la democracia seguirá siendo un ideal difícil de llevar a la práctica.