Cordura, por favor

ESTAMOS LLEGANDO YA AL DESQUIcio por cuenta de la batalla de poder que tienen planteada la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno Nacional, que el país mira atónito y sin saber hasta dónde nos llevará.

Sin entrar aún a analizar los hechos puntuales de esta última grave confrontación, lo que parece claro es que los habitantes temporales del Palacio de Nariño y del de Justicia están tomando decisiones trascendentales a la luz de ese pulso de poderes y en ausencia de la cabeza fría que exige poner por delante los intereses de la nación para el normal desarrollo de nuestra justicia y de nuestro sistema democrático.

 Asombroso y asustador ese juego perverso de poder que desestabiliza gravemente la institucionalidad del país y no hace sino restarles legitimidad a las ramas del poder público que dicen estar defendiendo.

La Corte Suprema de Justicia se ha extralimitado en su sentencia de condena a la ex representante Yidis Medina por el delito de cohecho propio, cuando a la vez decide, sin tener competencia para ello, descalificar la aprobación de la reforma constitucional por ser producto “de una clara desviación de poder” y, con ello, condenar de hecho a los funcionarios del Gobierno que Medina ha involucrado por las “canonjías impúdicas que le ofrecieron y recibió” para dicha aprobación. Tanto más se ha extralimitado la Corte al intentar imponer a la Corte Constitucional la revisión de una sentencia de constitucionalidad, algo nunca antes visto.

Evidentemente, si se presentó un cohecho al cambiar Yidis Medina su voto a cambio de beneficios, alguien tuvo que darlos u ofrecerlos. Pero ese dilema lo tendrá que resolver la investigación que, con la indagatoria al ex ministro Sabas Pretelt esta semana, comienza a avanzar en la Fiscalía General de la Nación, que es la autoridad competente para juzgar a los funcionarios cuestionados.

Al dar por hecho la Corte Suprema en su sentencia que son culpables y decidir que el acto legislativo que permitió la reelección inmediata está viciado y debe ser revisado, es inevitable sentir el aroma de imposición de decisiones en las que no tiene ninguna competencia. Si pide respeto a sus decisiones, la Corte Suprema debe comenzar por respetar las atribuciones de sus contrapartes.

Igual de grave ha sido la respuesta del Presidente de la República a esta decisión y a estos procesos judiciales. En la calentura de unas pocas horas con su reducido grupo de asesores, el presidente Uribe decidió que “no parece tener solución judicial” lo que él interpreta, de manera alegre e irresponsable por demás, como una “trampa del poder del terrorismo agónico, para la cual se han prestado magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”.

Al no haber para él “solución judicial” posible, se ha lanzado a tratar de defender a sus subalternos en las urnas y no en los estrados judiciales. Suplantar la justicia con los votos es ni más ni menos lo que plantea la convocatoria a un referendo que más sería un plebiscito para que el pueblo decida la repetición de las elecciones de 2006.

Grave error comete el presidente Uribe al asumir que el apenas lógico cuestionamiento al proceso que llevó a la modificación de la Constitución para permitir la reelección inmediata, que subyace a la condena por cohecho de Yidis Medina, significa la ilegitimidad de su triunfo categórico en 2006. La legitimidad de los siete millones de votos que obtuvo el Presidente no está en cuestión.

Lo que está en cuestión es el trámite de la reforma que le permitió ser candidato. Para hacer gráfico el asunto, si llegáramos a la repetición de las elecciones y se diera la improbable anulación del acto legislativo que permitió la reelección inmediata, el presidente Uribe estaría impedido para ser candidato. Sería de locos, pero en esas estamos.

Bien ha hecho, eso sí, el Presidente de la República en aclarar con prontitud que la eventual convocatoria a nuevas elecciones solamente cubriría el período hasta 2010. Sin embargo, la discusión de la convocatoria al referendo que las permitiría se encontrará seguramente en el Congreso con el que con firmas se quiere adelantar para permitir una segunda reelección, lo cual inevitablemente llevará a la tentación de unificarlos. Insólito sería que todo este embrollo termine siendo la manera de sacar adelante la reelección indefinida.

En esta feria de disparates, con todo, lo único sensato es evitar quedarse en la avalancha de discursos altisonantes contra la Corte o el Presidente. El momento exige cabeza fría de parte de nuestro liderazgo. El respeto a la majestad de la justicia y a su libre desempeño es imperioso. También lo son el respeto a las competencias y la necesidad de mantener las disputas políticas alejadas de las decisiones judiciales. Hemos llegado demasiado lejos al poner en riesgo la estabilidad por un pulso de poderes. No más golpes a la mesa. Cordura y cabeza fría, por favor.

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