De la ‘silla vacía’ a la comisión de notables

HA QUEDADO ESTA SEMANA SEPULtada definitivamente en el Congreso de la República aun cuando por términos el acta de defunción final pueda tardar hasta el 20 de junio próximo la reforma política con la que se pretendía enfrentar la crisis de legitimidad del Legislativo, producto del encarcelamiento de una porción considerable de sus miembros en el proceso de la parapolítica.

Desde cuando el ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín Sardi, anunció de manera franca pero desfachatada que “no vamos a permitir que se nos quite la mayoría y la gobernabilidad sobre la base de una propuesta de esa naturaleza (la ‘silla vacía’)”, ya era claro que el debate de aprobación de la reforma tendría más las características de un duelo de poder entre el Gobierno y la oposición que de una búsqueda real de soluciones, o al menos castigos, a la penetración del poder ilegal y armado en nuestra política.

Porque si el Gobierno planteaba las cosas en estos términos, también la oposición confiaba, eso es claro, en obtener a través de la reforma unas mayorías que no se había ganado en las urnas.

Esta semana, el Gobierno Nacional y su bancada lograron ganar ese pulso con toda suerte de artimañas para impedir que la Comisión Primera del Senado tuviera el quórum necesario para tramitar la iniciativa.

 Y ahora, en respuesta a las merecidas críticas por ese bloqueo artificioso de la reforma y a la sensación apenas lógica que ha quedado en la opinión de que se le cerró el camino a la necesaria sanción a los partidos y políticos que se aliaron con las mafias y provocaron la crisis actual, anuncia el Palacio de Nariño la próxima definición de los nombres de una comisión de notables para que estudie una reforma constitucional “seria y ajustada a los superiores intereses del país”.

Nadie niega que la reforma enterrada era más simbólica que integral, aunque en la coyuntura hubiera sido plausible haber aprobado una sanción ejemplarizante para los congresistas involucrados y sus partidos, como un primer paso. Ciertamente, la crisis política va mucho más allá del Congreso de la República.

 Incluso, más allá de la parapolítica, pues ya estamos también en la yidispolítica, la farcpolítica y en el asomo de nuevas investigaciones por la penetración de las bandas criminales en muchas otras instituciones, como se desprende de la declaración, antes de su extradición, de Salvatore Mancuso.

Así las cosas, la necesidad de una reforma estructural que permita reorganizar y limpiar nuestro sistema político de sus añejos males es incontrovertible.

Sin embargo, pasar de ahí a plantear que sea una comisión de expertos nombrados a dedo por el Presidente de la República por muy calificados y sin tacha que seguramente sean los designados la que diseñe esa reforma, hay un gran abismo. La propuesta llega justo después de que el Gobierno ha bloqueado la que el Congreso de la República venía tramitando de origen


gubernamental, eso no hay que olvidarlo, con lo cual deslegitima el trabajo legislativo, se lava las manos de su responsabilidad y, de esa manera, deja el camino asfaltado para que sus nombrados no puedan sino plantear una reforma que sí sea de su gusto y se ajuste a sus intereses. De entrada al menos, queda claro que si una iniciativa amenaza con debilitar el poder del Ejecutivo para controlar el Congreso no tendría opción de ser aprobada.

La propuesta de la comisión, pues, llega en el peor momento, tanto más cuando la coyuntura actual está atravesada por los crecientes escándalos de la parapolítica y la yidispolítica que involucran al Gobierno y el ambiente está crispado por los asomos de una nueva intención reeleccionista del presidente Uribe.

 En esas condiciones, la propuesta de la Casa de Nariño se parece mucho a la que hace unas semanas lanzó un domingo para que otra comisión estudiara la creación de una “Supercorte” que juzgara al Presidente, a los congresistas y a los magistrados que los están investigando, justo en la cresta de la investigación de la parapolítica. Aquella idea se desechó rápidamente por insólita y es de esperar que ésta corra la misma suerte.

Frente a la crisis actual, cualquier propuesta de reforma, antes que en el afán de imponer la voluntad del Ejecutivo, debe estar sustentada en un consenso amplio de todas las fuerzas políticas. Eso es lo que exige el momento del liderazgo nacional. Cualquier propuesta que intente pasar por encima de ese principio elemental no hace más que profundizar la crisis.

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