El nuevo Alcalde de Bogotá
Los aciertos y las deficiencias de la obra de Luis Eduardo Garzón en la Alcaldía de Bogotá definen los retos que tiene por delante el nuevo burgomaestre, Samuel Moreno, posesionado esta semana tras ser elegido sobre la misma plataforma política de su antecesor.
El Espectador
Así las cosas, Moreno debe ante todo mantener el impulso de la locomotora social, que fue el sello distintivo de la primera administración del Polo Democrático Alternativo en la capital, y ampliar la cobertura de la inversión en áreas críticas como la vivienda de interés prioritario, la educación superior —técnica y universitaria— y el régimen subsidiado en salud. Súmese a eso la consecución de los recursos para darle arranque al metro, un tema que toca a fondo con el bienestar de las grandes mayorías. Si las cosas siguieran un rumbo lógico, todo esto debería llevar al nuevo Alcalde a convertirse en adalid de la defensa de las transferencias y de la ampliación de los aportes del Gobierno Nacional al transporte masivo de los bogotanos.
Pero Moreno deberá, también, emprender reformas para reestructurar sectores y redistribuir activos y oportunidades, lo cual implicará afectar poderosos intereses que su predecesor prefirió evitar. Mencionemos algunas de esas reformas prioritarias:
La primera es la de la movilidad, que implicará desmontar las empresas afiliadoras de buses (con sus efectos de sobreoferta vehicular, altas tarifas y caos en la prestación del servicio) e instaurar, bajo parámetros de democratización empresarial, el sistema integrado de transporte previsto en el Plan Maestro.
La segunda consiste en resistir a las presiones en pro de la expansión territorial de Bogotá, ejercidas por quienes especulan con la valorización de las tierras periféricas, y en imponer un modelo basado en una densificación urbana moderada y la orientación de la inversión hacia la ciudad ya construida.
La tercera se refiere a meter en cintura a quienes deterioran el medio ambiente: las industrias y las empresas de transporte contaminantes, los urbanizadores de los cerros, los responsables del mal manejo de los residuos sólidos...
Otra más involucra la calidad de la educación pública (muy inferior a la de la privada de élite), una reforma que deberá hacerse con los maestros y no contra ellos, pero que no por ello dejará de pisar callos.
Una más apuntaría a la revisión de los esquemas de inversión de las empresas de servicios públicos domiciliarios, cuya misión es proporcionar servicios de calidad a tarifas reducidas, en un marco de sostenibilidad, y no acumular activos fijos y financieros.
La lista es larga, pero incompleta. Habría que agregarle, como mínimo, el rescate de lo mejor de la obra de Antanas Mockus: una relación entre la administración distrital y las fuerzas políticas y el Concejo no mediada por el toma y daca de las cuotas burocráticas y la politiquería, sino por la discusión de los problemas y las políticas públicas de cara a la ciudad.
¿Estará Samuel Moreno a la altura de estos desafíos? Aunque es un conspicuo representante de la clase política, ha llegado a la Alcaldía sobre los hombros de un partido inspirado por un ideario de transformación. Y ha comenzado, en términos generales, por nombrar un buen gabinete. Ojalá contribuya también a que el Concejo acierte en la elección, que realizará en breve, de las cabezas de la Personería y la Contraloría distritales —la Bogotá del siglo XXI requiere que ese par de entes de control, amorfos y politizados, se conviertan en plataformas de promoción de la eficiencia y la moralidad administrativas.
Mientras estos interrogantes se van despejando, deseémosle lo mejor a Samuel Moreno, que es tanto como deseárselo a la propia Bogotá.
Así las cosas, Moreno debe ante todo mantener el impulso de la locomotora social, que fue el sello distintivo de la primera administración del Polo Democrático Alternativo en la capital, y ampliar la cobertura de la inversión en áreas críticas como la vivienda de interés prioritario, la educación superior —técnica y universitaria— y el régimen subsidiado en salud. Súmese a eso la consecución de los recursos para darle arranque al metro, un tema que toca a fondo con el bienestar de las grandes mayorías. Si las cosas siguieran un rumbo lógico, todo esto debería llevar al nuevo Alcalde a convertirse en adalid de la defensa de las transferencias y de la ampliación de los aportes del Gobierno Nacional al transporte masivo de los bogotanos.
Pero Moreno deberá, también, emprender reformas para reestructurar sectores y redistribuir activos y oportunidades, lo cual implicará afectar poderosos intereses que su predecesor prefirió evitar. Mencionemos algunas de esas reformas prioritarias:
La primera es la de la movilidad, que implicará desmontar las empresas afiliadoras de buses (con sus efectos de sobreoferta vehicular, altas tarifas y caos en la prestación del servicio) e instaurar, bajo parámetros de democratización empresarial, el sistema integrado de transporte previsto en el Plan Maestro.
La segunda consiste en resistir a las presiones en pro de la expansión territorial de Bogotá, ejercidas por quienes especulan con la valorización de las tierras periféricas, y en imponer un modelo basado en una densificación urbana moderada y la orientación de la inversión hacia la ciudad ya construida.
La tercera se refiere a meter en cintura a quienes deterioran el medio ambiente: las industrias y las empresas de transporte contaminantes, los urbanizadores de los cerros, los responsables del mal manejo de los residuos sólidos...
Otra más involucra la calidad de la educación pública (muy inferior a la de la privada de élite), una reforma que deberá hacerse con los maestros y no contra ellos, pero que no por ello dejará de pisar callos.
Una más apuntaría a la revisión de los esquemas de inversión de las empresas de servicios públicos domiciliarios, cuya misión es proporcionar servicios de calidad a tarifas reducidas, en un marco de sostenibilidad, y no acumular activos fijos y financieros.
La lista es larga, pero incompleta. Habría que agregarle, como mínimo, el rescate de lo mejor de la obra de Antanas Mockus: una relación entre la administración distrital y las fuerzas políticas y el Concejo no mediada por el toma y daca de las cuotas burocráticas y la politiquería, sino por la discusión de los problemas y las políticas públicas de cara a la ciudad.
¿Estará Samuel Moreno a la altura de estos desafíos? Aunque es un conspicuo representante de la clase política, ha llegado a la Alcaldía sobre los hombros de un partido inspirado por un ideario de transformación. Y ha comenzado, en términos generales, por nombrar un buen gabinete. Ojalá contribuya también a que el Concejo acierte en la elección, que realizará en breve, de las cabezas de la Personería y la Contraloría distritales —la Bogotá del siglo XXI requiere que ese par de entes de control, amorfos y politizados, se conviertan en plataformas de promoción de la eficiencia y la moralidad administrativas.
Mientras estos interrogantes se van despejando, deseémosle lo mejor a Samuel Moreno, que es tanto como deseárselo a la propia Bogotá.