Tienen razón, qué duda cabe, quienes argumentan que contra Fabio Valencia Cossio no hay acusación alguna, más allá de ser un arquetipo de la vieja política. Ciertamente las responsabilidades penales son individuales y nadie tiene por qué cargar con el peso de lo que hacen sus familiares. Cierto es también que hace apenas un par de meses su nombramiento fue recibido con amplia aceptación en la opinión por su carácter amplio y conciliador, que anunciaba alivios en la aguda y nociva tensión entre el Ejecutivo y las altas cortes.
Su vasta trayectoria en el servicio público lo hace digno merecedor del cargo que hoy ocupa y seguramente en otras condiciones podría hacer una excelente labor. Pero es precisamente porque esas condiciones no existen hoy, con el proceso que se ha iniciado en contra de su hermano, que todas estas verdades pasan a segundo plano.
Los cargos contra Guillermo León Valencia Cossio no son de poca monta. Se le acusa de concierto para delinquir, de enriquecimiento ilícito, de supresión, destrucción u ocultamiento de documento público, de revelación de secreto y de utilización impropia de asuntos sometidos a secreto, todo en aparente complicidad con las más oscuras redes de paramilitares y con quien es hoy considerado el narcotraficante más buscado del país, Daniel Rendón, alias Don Mario. Es evidente que cada nueva noticia que se vaya produciendo conforme avancen las audiencias, golpeará de manera directa la labor del ministro Valencia.
Peor aún, siempre quedará la sospecha de que la aplicación de justicia está mediada por la presión. El pasado jueves no más, en la sola formulación de cargos, la insólita decisión de la juez 17 penal de Medellín de concederle el beneficio de detención domiciliaria a Guillermo León Valencia, muy a pesar de que los delitos por los que se le acusa no contemplan dicho beneficio, fue inevitable que se interpretara como resultado de ser el acusado hermano de quien es. Tanto más cuanto, como se recordará, en su momento efectivamente el Ministro llamó al Fiscal General de la Nación a interceder por su hermano cuando el asunto en cuestión era solamente su traslado dentro de esa entidad ante las primeras revelaciones del escándalo.
La confianza ciudadana en la aplicación de justicia y en quienes ocupan los más altos cargos del servicio público no es un asunto que se pueda soslayar con base en pequeñas disputas de poder político. Negarse a proteger esa confianza bajo el argumento de que un retiro del ministro Valencia sería cederle un triunfo a la oposición, resulta miope y demuestra poca grandeza frente a los intereses superiores de la patria.
La continuidad del Ministro del Interior y de Justicia es un asunto de dignidad nacional que va mucho más allá de la imagen de los opositores y del Gobierno que, al final de cuentas, poco interesa al ciudadano común. El día de la detención del ex director de Fiscalías de Medellín, su hermano era el Presidente de la República en funciones y así fue reseñado en todas las noticias que se difundieron en el exterior. Las millonarias campañas por limpiar la imagen internacional de nuestro país se borran de un plumazo cada vez que aparecen historias como ésta. Y eso sí que afecta al ciudadano que cada vez que sale del país tiene que cargar con el karma de nuestra pobre imagen allende las fronteras.
Muchas son, pues, las implicaciones colaterales que el proceso contra Guillermo León Valencia Cossio tiene sobre la capacidad de acción de su hermano Fabio en el Ministerio del Interior y de Justicia y de contera sobre el Gobierno Nacional y los colombianos todos. Está a tiempo todavía el Ministro de reflexionar y entender que su permanencia en el cargo es inconveniente. Lo cual, de salir bien librado su hermano como él tiene derecho a esperarlo, le permitiría en el futuro servir desde un alto cargo, pero en las condiciones adecuadas.
Por El Espectador
