Desplazados en Bogotá, iguales a los de Medellín, Cali, Barranquilla o Barrancabermeja, idénticos a los de Villavicencio, Cúcuta o Florencia. Errantes en su propio país sin que el Estado asuma que toda la dialéctica de la reparación y el posconflicto empieza con ellos. Pero siguen contra los muros de las iglesias o en los semáforos, a las puertas de la Defensoría del Pueblo o de las alcaldías, esperando a que las sentencias de la Corte Constitucional en su favor se cumplan o que las normas legales permitan que el proceso de paz se inicie con soluciones prontas para ellos, que son las víctimas de un conflicto que no parece reconocerlos como tales.
Colombia es el país que ocupa el segundo escalafón de naciones con la mayor cantidad de desplazados, según el Alto Comisionado de la ONU para los refugiados. Su número, estimado en 3 millones, sólo es superado por Irak, que tiene 5,8 millones y se encuentra en guerra (y aquí se insiste en que no hay conflicto). Otras cifras maneja el alto consejero presidencial para la Acción Social, Luis Alfonso Hoyos. Cifras inferiores, alrededor de los 2 millones, pero igualmente preocupantes. La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (Codhes), a su vez, interviene en el debate con su propio conteo y enfatiza que en los últimos 10 años el promedio anual ha sido de 313 mil desplazados.
Más allá de la retórica estadística, odiosa cuando se trata de puntualizar mejorías y disminuciones como excusa y salida a lo que una periodista denominó, en la radio, una “bomba social” que amenaza con estallar en Bogotá, y por ende un auténtico “problema”, lo que quedó en evidencia es el enorme contraste de sensibilidades existentes entre el delito del secuestro y el fenómeno del desplazamiento.
En las desafortunadas palabras de la alcaldesa de Chapinero, Blanca Durán, quien acudió a mediar entre los desplazados y el Distrito, “cualquier toma de este estilo genera problemas de seguridad. Se generan inconvenientes para la ciudadanía que está alrededor y con entidades como embajadas y multinacionales”. Siguiendo este orden de ideas, el desplazado es un “estorbo”, tiene una presencia “amenazante” y constituye, a todas luces, un “peligro” que precisa inmediata atención.
Ahora que la sociedad colombiana parece haber tomado conciencia frente a la importancia de acompañar a las víctimas de la violencia, como quedó claro con la multitudinaria marcha contra el secuestro, es preciso que la asimetría frente a las mismas deje de ser el rasero con el que se aborda el neurálgico tema de la responsabilidad colectiva frente a todo tipo de delito criminal.
El desplazamiento forzado, por su envergadura demográfica y connotación social —de la que el desplazado deriva su identidad de anónimo y, por esa misma vía, de “indeseable” para la sociedad— no debería ser objeto de una simple asistencia humanitaria que en ocasiones más parece caridad. Por el contrario, urge hacer de la reparación, de la que tanto se habla por estos días con motivo de la Ley de Justicia y Paz, una auténtica prioridad que lleve a que el cacareado posconflicto se inicie, aun si en promedio 40 familias de desplazados siguen llegando a diario a Bogotá.
El intento de toma del Parque de la 93, deslegitimado por algunos sectores que centraron su atención en la aparente instrumentalización de los menores de edad que se hicieron presentes a lo largo de los hechos junto a sus padres y familiares, no constituye necesariamente la vía adecuada para una movilización en una sociedad que se pretende democrática. Sin embargo, esta no es razón para no reflexionar en torno a la eficiencia de los programas gubernamentales y la invisibilización de las víctimas del desplazamiento.
Al final, los funcionarios de la Alcaldía de Bogotá, que por fortuna reaccionaron a tiempo e impidieron que se desatara un posible enfrentamiento entre los manifestantes y la policía, lograron persuadir al grupo que llegó al epicentro social del norte de la ciudad de desistir de su empresa. ¿Se les dará una solución transitoria y volverán a aparecer en otro lugar de ciudad? Probablemente.
Por El Espectador
