Se acusa también al magistrado auxiliar de haber invitado, en compañía de dos investigadores del CTI, a tomar aguardiente, en Yopal, a una potencial testigo. “Podría decirse que es una imprudencia”, sostuvo Velásquez, “pero no había en eso ninguna intención dañina ni propósito de inducir un testimonio”. Pero pese a las explicaciones del magistrado, se dice también que pidió información acerca de Germán Vargas Lleras, quien para ese momento ya no era senador —hacía un mes había renunciado a su curul— y por lo tanto no debería ser objeto de averiguación alguna por parte de la Corte Suprema de Justicia.
El trasfondo de las acusaciones, que habrán de ser investigadas por las autoridades competentes, plantea un interrogante de difícil solución, en el que no es clara la frontera entre lo que puede y lo que no debe hacer la justicia para llevar a cabo sus labores investigativas. Tanto más en cuanto, ciertamente, la justicia penal acusatoria que se está imponiendo en Colombia incentiva un mayor dinamismo de parte de los jueces a la hora de la elaboración de sus investigaciones.
No se puede soslayar tampoco el antecedente inmediato de esta nueva acusación contra el magistrado Velásquez: los serios señalamientos en los que se le endilgaba estar presionando al paramilitar José Orlando Moncada, alias Tasmania, para que testificara contra el presidente Álvaro Uribe. Tras la retractación de Tasmania, la Fiscalía General de la Nación emitió un fallo en el que quedó estipulado que el magistrado estaba siendo objeto de una persecución, posiblemente motivada por su celeridad en las investigaciones que sobre la parapolítica adelanta la Corte Suprema contra 37 congresistas, 14 de los cuales se encuentran en prisión.
Todo daría para pensar, sin embargo, que el magistrado Velásquez se extralimitó esta vez al violar los debidos procesos de los inculpados y, en particular, su legítimo derecho a la defensa. Si ello es así, habrá que alertar frente a lo peligroso que tal procedimiento resulta en un país que se precia de garantizar sus derechos a las personas, aun si se trata de criminales sobre los que todos deseamos que la justicia tome decisiones. Parafraseando a Farid Zakaria, “No es el plebiscito de masas, es el juez imparcial el que caracteriza el Estado moderno”.
En últimas, lo que queda claro es que la justicia parece ser la protagonista de la coyuntura colombiana actual. A la parapolítica y la farcpolítica, sobre las que la presión es enorme, se agrega el desafío que implica para las cortes el desequilibrio de poderes que emana de un fuerte presidencialismo y la falta de legitimidad del Congreso. Con todo, eventos como el del magistrado Velásquez —que, como se dijo, habrán de ser investigados antes de que se tomen decisiones inapropiadas y que obedezcan a los ánimos de una sociedad altamente polarizada— no deberían hacer que los procesos de la parapolítica pierdan prestigio o fortaleza.
La Corte debe ahora poner la cara y cada quien asumir su responsabilidad por los errores o posibles excesos que se hayan podido haber cometido, como paso fundamental para que procesos tan determinantes como los que tiene entre sus manos recuperen la senda del equilibrio y la justicia plena que la sociedad exige. No pueden caer nuestros jueces en el peligroso péndulo emocional de la coyuntura y confundir ese afán de justicia con una cacería de brujas para atender a la opinión pública. Así como tampoco se puede permitir que los intentos de desprestigio de los investigadores tomen vuelo para dejar a medias esta necesidad de llegar hasta el final, y con justicia, en los procesos de la parapolítica y la farcpolítica.
Por El Espectador
