La nueva fase de la parapolítica

La apelación al referendo o a la asamblea constituyente podría llegar a ser necesaria.

El fenómeno de la parapolítica ha entrado en las últimas semanas en una nueva fase. De las denuncias aisladas sobre la complicidad de ciertos congresistas con jefes paramilitares en algunas regiones localizadas, fuimos pasando al sentimiento creciente de que los testimonios de cargo encerraban una verdad inocultable sobre los nexos entre mafia y política. La sociedad miraba indignada cómo el voto popular había sido traicionado, hasta convertirse en simple vehículo de una pavorosa corruptela armada. Pero el asunto, hasta entonces, se veía como prueba de la solidez de las instituciones. ¿Qué país podía exhibir el récord de decenas de congresistas presos por cuenta de magistrados inermes amparados exclusivamente por la fuerza de los códigos?

La geografía de la parapolítica, sin embargo, se amplía y anuncia ya una crisis de dimensiones insospechadas. El presidente del Partido de la U, investigado, y sus copartidarios no aceptan la renuncia que era inaplazable. Sobre la presidenta del Senado se tejen inquietudes. Si la tendencia continúa, pasaremos del escándalo al colapso mismo del Congreso de la República. Como la ciudadanía exige, con indignación justificada, que los implicados en el estropicio —bien a título directo o como herederos espurios, por la dudosa vía de las suplencias, de un poder que no obtuvieron por el voto limpio de los ciudadanos— pierdan el derecho a decidir sobre la reforma electoral, ya no luce imposible que el Congreso se paralice.

En estas circunstancias, comienzan a aflorar las soluciones extraordinarias. La apelación al referendo o a la asamblea constituyente podría llegar a ser, no tanto inatajable, sino necesaria. Para no hablar del indeseable cierre fujimorista del Congreso.

Lo que sigue, entonces, requiere de una gran dosis de maestría para evitar la sin salida. El Congreso ha venido aprobando una reforma política cada vez más audaz, pero hay que estar alerta para que no sorprendan a la ciudadanía con que una madrugada cualquiera el proyecto se hundió en los meandros oscuros del trámite reglamentario.

La Corte Suprema, por su parte, tendrá que pesar y sopesar los pasos inmediatos. Una cosa es abrir una investigación, someter a indagatoria y hasta apresar a un congresista. Y otra, muy distinta, condenarlo. El cerrado apoyo de la ciudadanía a su tarea trascendental, que aplaudimos sin vacilación, debe ser refrendado por decisiones a toda prueba, no permeadas por el juego político, donde no haya espacio alguno para la duda.

Entre las soluciones maximalistas que demeritan la actual reforma en curso, con el argumento de que es insuficiente, y la posibilidad de que no se haga nada, nos quedamos con la idea de la silla vacía a partir del momento de la decisión sobre la situación jurídica del incriminado. Una separación provisional del congresista es un principio de solución. Por ese camino, el Congreso podrá recuperar al menos parte de su maltrecho prestigio.

Todo ello sin convertir esa crucial discusión en un juego aritmético, donde la primacía no la tenga el interés superior de la patria sino el cálculo menudo para modificar artificialmente las mayorías en el Congreso.

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