En concreto, se espera que el alcalde Samuel Moreno expida un decreto en el que se autorice el cerramiento de parques de bolsillo y vecinales que se encuentran ubicados en conjuntos residenciales. La medida, de la que se beneficiarían las diferentes comunidades que en la actualidad cuentan con el exclusivo placer de tener parques cercanos a sus hogares, va en completa contravía de lo que han sido las políticas de las anteriores administraciones en materia de recuperación del espacio público.
Con base en la Ley 810 de 2003, en la que se estipula que está permitido cerrar bienes públicos por motivos de seguridad, si una autoridad competente, como lo es la Defensoría del Espacio Público, lo autoriza, el lento y dificultoso proceso de la construcción de espacios democráticos e incluyentes llegará a su fin.
En defensa de la medida, quienes la impulsan como Wilson Duarte, del Polo Democrático, han manifestado que no se trata de “encerrar” los espacios, y que por el contrario se instalará un mobiliario urbano que garantice la visibilidad de quienes deseen acercarse a los parques. Cercas, muros o enredaderas quedarían prohibidos y a partir del decreto se les daría una pronta solución a las querellas que reposan en las alcaldías locales solicitando la recuperación de zonas verdes ubicadas dentro de conjuntos residenciales.
La preocupación por la percepción de inseguridad que aqueja a determinadas zonas de la ciudad, pese a lo legítima que pueda resultar, no puede seguir siendo objeto de prohibiciones al libre disfrute de la ciudad al que todos tenemos derecho. Este errático enfoque, que por mucho tiempo imperó en Bogotá, en nada contribuye a la disminución de la segregación de la que se habla por estos días con motivo del Informe de Desarrollo Humano 2008, “Bogotá: una apuesta por Colombia”. Si los parques terminan por pertenecerles a sus vecinos, nada pueden hacer quienes no cuentan con el mismo beneficio en una ciudad inequitativa en materia de equipamientos urbanos.
Cerrar los parques, aun si se hace a partir de un mobiliario específico, no permitirá necesariamente que mejoren las condiciones de inseguridad que imperan en la ciudad. Por el contrario, hará que los bogotanos terminemos por confundir el valor de lo privado y de lo público al tiempo que se delega en la comunidad el manejo de un tema que le compete exclusivamente a la autoridad encargada de hacer respetar el orden. Es así como, con probabilidad, se terminará excluyendo a quienes de entrada serán considerados “diferentes”, “peligrosos” o simplemente “sospechosos”.
El trasfondo del dilema lleva a la pregunta por las medidas necesarias para garantizar el derecho a la seguridad. Con ésta de los posibles cerramientos, muy a tono con el proyecto de actualización del Código de Policía presentado por los ministerios del Interior y de Justicia y de Defensa, en el que se estipula el toque de queda a los menores de edad después de las 10 de la noche y se permite la retención transitoria de infractores hasta por 24 horas, se está cayendo en la cuestionable idea de que es preciso restringir la libertad en aras de la seguridad.
Por lo demás, ésta no parece ser una tarea digna de una izquierda que se pretende moderna y democrática. El Polo, que con tanto ahínco ha hecho de la protección de los menos favorecidos una bandera creíble, entra ahora en flagrante contradicción con la idea de que es preciso privatizar para garantizar un orden excluyente y previamente establecido por quienes no comparten la idea de que la ciudad nos pertenece a todos. Si la izquierda colombiana ha dado muestras de estar interesada en el tema de la seguridad y el papel que debe desempeñar en ella el Estado, no se explica cómo el encierro es presentado como la única solución para combatir la percepción de inseguridad.
En últimas, quienes apoyan la desafortunada medida estiman conveniente combatir el miedo —justificado o injustificado— a partir de los cerramientos. Pero ¿es esta la solución?
Por El Espectador
