Cada año por esta época, la divulgación masiva de los consabidos estereotipos alrededor de la mesa, la música, el deporte, la moda y el “meneíto” toman la visibilidad que merecerían los problemas específicos que los afrocolombianos enfrentan a diario, así como las alternativas que idean para superarlos.
En cuanto a los primeros, según Fernando Urrea, de la Universidad del Valle, el censo de 2005 indica que 49% de los afrocolombianos del Litoral Pacífico son víctimas del desplazamiento forzado. Esa magnitud impide controvertir el diagnóstico de la Comisión de Ética y Verdad que en marzo de 2008 visitó al país: los afrodescendientes han sido objeto de genocidio y etnocidio.
Imaginar cómo reparar semejantes crímenes resulta difícil después del 12 de mayo de 2008. La extradición masiva de los comandantes paramilitares compromete la devolución de territorios usurpados, entre otras reparaciones que contempla la Ley de Justicia y Paz para sus víctimas.
El Gobierno asegura que existen mecanismos judiciales y administrativos cuya aplicación continuará. Sin embargo, aun antes de las deportaciones, esa administración no había sido clara en cuanto a esa aplicación particular de la ley que requieren las comunidades negras, cuyos dominios territoriales son colectivos y de carácter inalienable, imprescriptible e inembargable, según la Ley 70 de 1993 y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, convertido en ley nacional en 1991.
La prensa ya ha gastado mucha tinta para mostrar cómo los crímenes contra los sindicalistas obstaculizan la aprobación del TLC. Debiéramos también, ya es hora, destacar la lucha que las organizaciones afrocolombianas llevan a cabo en Washington para demostrarles a los congresistas norteamericanos que la violación hasta ahora impune de la territorialidad colectiva —y el consecuente destierro masivo— también deben ser incorporados a las exigencias de enmienda que se le hacen al Gobierno colombiano.
Si esos cabildeos han pasado inadvertidos, ¿qué decir de la poquísima atención mediática a los conocimientos ancestrales vulnerados? El destierro de afrocolombianos ya lleva quince años, lapso suficiente para que en barrios como los de los Altos de Cazucá en Bogotá, a los desterrados les sea imposible aplicar lo que saben sobre el cultivo ya sea de arroz o borojó a las orillas del Atrato o del Baudó sin valerse de agroquímicos ni vulnerar la biodiversidad.
Dentro de espacios urbanos que en ocasiones rememoran las descripciones de campos de concentración, desaparecen conocimientos acumulados durante siglos, a partir de memorias africano-occidentales y centrales que se remontan por lo menos al siglo XV.
Según un informe reciente de Le Monde Diplomatique, frente a la actual crisis alimentaria, el Banco Mundial reconoce que la agricultura tradicional sí es eficiente y ahora trata de fomentarla para enmendar el desatino de haberla condenado. Semejante rectificación también tendrá que ocurrir en Colombia en pro de la salvaguardia de los derechos de los afrocolombianos y del bien del resto de los colombianos.
En fin, son muchas y muy variadas las presiones que pesan en Colombia sobre los afrocolombianos y pocas en la práctica las acciones de nuestra sociedad para debilitarlas.
Mucho se ha avanzado en legislación en los últimos años, puede ser cierto, pero no tanto en incorporar esos avances en la vida cotidiana nacional. La celebración de esta semana, entonces, debería comenzar por reflexionar sobre su situación y hacerla visible y no quedarse solamente en disfrutar las más populares expresiones de su cultura.