El estudio presentado por la fundación Colombia Diversa la semana pasada es un avance que, con todo y con que acceder a la información ha debido constituirse en una odisea, permite visibilizar el tipo de delitos que se cometieron contra esta población durante el período 2006-2007. De los datos dados a conocer, conmocionan las 67 muertes registradas —casi tres personas son asesinadas al mes debido a su orientación sexual— y los móviles utilizados por sus victimarios. No es suficiente con ocasionar la muerte de la persona y, por el contrario, entre más explícita la orientación sexual, peores los actos de violencia.
Es más, suele ocurrir que las autoridades encargadas de investigar los asesinatos estimen que éstos ocurren debido a “crímenes pasionales” con lo cual, además de la completa impunidad, se reproduce e impone el esquema mental de una sociedad mayoritariamente heterosexual que se niega a aceptar la diferencia e insiste en mantener los estereotipos que terminan por explicar —que no justificar— el trato que reciben las personas no heterosexuales.
Las consecuencias, además de los homicidios y los actos de tortura, se expresan en la vida cotidiana de personas a las que el sistema de salud y educativo les rechaza. Cómo olvidar el triste episodio de las alumnas de un plantel educativo que fueron retiradas por manifestar abiertamente su condición de lesbianas y qué hacer frente al 48 por ciento de transgeneristas que, según el estudio contemplado, no cuentan con seguridad social.
Que ocurran estas 67 muertes al año —y con seguridad la cifra es conservadora, dado que el nivel de denuncias es bajo— no reviste ninguna novedad. Lo que sí implica un cambio es el hecho de que se sepa y se exijan respuestas de parte de las autoridades. En ello ya hay un avance y habrá que insistir en que la tarea, antes que de las organizaciones civiles, debería venir del propio Estado, que con su silencio e indiferencia —y en algunos casos complicidad, como queda claro en las denuncias hechas contra determinados miembros de la Policía— contribuye a que el camino hacia el reconocimiento de los derechos de la población LGBT se haga más largo y tortuoso.
Más allá de lo logrado por la Corte Constitucional, sigue siendo inexistente la política pública que encare con eficiencia y sentido de urgencia el tema de la discriminación y la homofobia. En el Valle del Cauca ocurrió el 43,2 por ciento del total de los asesinatos y en Cali, de manera aún más alarmante, fueron asesinadas 21 personas. ¿No es esta una razón de peso para que las autoridades se pronuncien? Y si lo hacen, ¿qué nos dice el hecho de que estas muertes sean consideradas ante todo “crímenes pasionales”?
El tema dejó de ser tabú y habrá incluso quienes empiecen a considerar que la visibilidad de la población LGBT ha ido en aumento ahora que defensores y activistas se han organizado para exigir que se respeten sus derechos. Pero lo cierto es que encuestas como la que realizó el ex alcalde de Bogotá Antanas Mockus para la Oficina de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Barranquilla evidencian una sociedad en la que la intolerancia sigue siendo la norma. El 80 por ciento de las 2.082 personas encuestadas manifestó no soportar enfermos de sida, alcohólicos y homosexuales —y ya es bien diciente el hecho de que se los reúna en una misma respuesta— y prácticamente el ciento por ciento aceptó su intolerancia frente a los drogadictos. En ese mismo sentido, la Encuesta Bienal de Culturas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá arrojó que el 58 por ciento de los bogotanos preferiría no tener vecinos gays o lesbianas. Se les visibiliza, pero no se les tolera.
Si el propio Estado no empieza por hacer realidad el Estado Social de Derecho que se supone cobija a sus ciudadanos, sin distingos de sexo, la letra y el espíritu con los que se construyó la Constitución del 91 seguirán siendo un ideal difícil de alcanzar.
Por El Espectador
