Seguridad en Bogotá: más allá de la Seguridad Democrática

LA SENSACIÓN DE INSEGURIDAD QUE PARECE afectar a la ciudad de Bogotá
después de los atentados ocurridos en días pasados —que dieron pie a un
incremento de la fuerza pública de más de 1.000 hombres—, sigue siendo
uno de los temas que mayor inquietud generan en la opinión pública.

Tanto más ante la aterradora muerte, en la madrugada del sábado 14 de junio, de la relacionista pública de la escena del rock Evelyn Rivas, asesinada con un arma blanca después de tomar una buseta a las 3 de la madrugada en la calle 82 con carrera 11. Como éste, otros delitos tipificados como “comunes” impiden que las cifras de seguridad dadas a conocer por la Fundación Seguridad y Democracia, en donde se lee una tendencia a la disminución en la extorsión, el secuestro y el hurto a residencias, repercutan en las altas tasas de percepción de inseguridad que llevan a los bogotanos a tener miedo.

Todo parece indicar que la política de Seguridad Democrática —que también se practica y con visibles éxitos en la capital colombiana— no es suficiente para hacerles frente a los crímenes que no provienen del conflicto armado que vive el país. Según una encuesta mundial sobre calidad de vida realizada por una firma privada en más de 40 países y 215 ciudades, en términos de seguridad personal  —un índice calculado a partir de la estabilidad interna, la criminalidad y la procuración de justicia o los índices de impunidad— la ciudad ocupa el puesto 207, detrás de ciudades como Asunción (103), Santiago (110), Brasilia (131), Quito (132), Buenos Aires (134), Guayaquil (146), La Paz (153), Río de Janeiro (177), Sao Paulo (180) y Caracas (191).

La situación no es la mejor. A pesar de que Bogotá es una ciudad parcialmente asediada por el narcotráfico y los delitos propios del sicariato que enfrentan ciudades como Medellín y Cali, los comportamientos violentos y agresivos siguen siendo un grave problema. Se sabe, por ejemplo, según cifras del Centro de Investigaciones del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron), de la existencia de 1.319 pandillas conformadas por 19.700 miembros y de 4.700 jóvenes que se habrían vinculado a ellas en los últimos tres años. A ello habría que agregar, para efectos de una visión panorámica, que entre los meses de enero y abril del presente año un total de 411 personas fueron asesinadas en Bogotá, según las estadísticas de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El temible caso de Evelyn Rivas, que ya reposa en la Fiscalía, plantea entonces una serie de preguntas que no encontrarán una respuesta solamente bajo las toldas de la Seguridad Democrática. La inseguridad en Bogotá, en este caso por cuenta de la existencia de un sistema de transporte enteramente errático, desordenado e irresponsable que permite que buses sin identificación ni regulación alguna circulen a altas horas de la noche, debería dar pie a una necesaria reestructuración del sector. La Secretaría de Movilidad debe asumir la responsabilidad en este y otros casos parecidos —ya que no se trata del primero— y acelerar el inventario de los buses y busetas a los que les está permitido transitar a medianoche. Ojalá con horarios y paraderos fijos, para que la ciudadanía no se vea obligada a utilizar cuanto medio de transporte le ofrecen.

Por su parte, la justicia está en mora de reaccionar. Se sabe que las localidades con las tasas más altas de crímenes contra mujeres son Kennedy, Santa Fe, Ciudad Bolívar, Engativá, Suba, Los Mártires y San Cristóbal, y sin embargo, se sabe también que 8 de cada 10 crímenes contra las mujeres en Bogotá queda impune.

Las cifras no deben conducir a equívocos, aun si revelan una mejoría con respecto a años anteriores. Bogotá sigue siendo una ciudad que para muchos es altamente insegura y la pregunta está en si la solución se limita a una política encaminada a la represión o si se opta por una medida diferente. O al menos, complementaria. Como ocurre en otras ciudades de América Latina en las que la marginación y las inequidades sociales son altas, el énfasis de las políticas de seguridad debería estar también en la realización de planes que permitan un mayor acceso a la educación, la salud y la distribución del ingreso.

Entre tanto, que el caso concreto de Evelyn Rivas no pase a ser uno más y que la justicia actúe con prontitud; que la impunidad deje de ser la regla. Sólo la acción de la justicia hará que la percepción de inseguridad concuerde con los publicitados progresos de los indicadores.

 

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