Familias enteras de indígenas que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta, como los koguis, han sido amenazadas y chantajeadas por las Farc y por grupos de paramilitares; numerosos embera katío se han visto obligados a dejar sus tierras ancestrales para competir por una ayuda estatal con familias de campesinos y afrodescendientes; en el Cauca, 400 indígenas viven actualmente en las instalaciones de un colegio para evitar las balas de un conflicto ajeno; un número similar de indígenas huyó recientemente hacia el Brasil con la misma intención. Para aquellos que escapan al conflicto y a la lucha por los corredores estratégicos del tráfico de la droga, existen otros problemas derivados de la falta de medios de sustento y la disputa de sus territorios.
El Estado colombiano tiene el deber de proteger los derechos de los indígenas, tal y como quedó consignado en la Constitución del 91. El estado de pobreza y la vulnerabilidad en el que se encuentran muchos indígenas merece la atención de las autoridades competentes, pero no debería impedir que se cuestione la imagen tantas veces mitificada del “buen salvaje”. El narcotráfico y el conflicto interno no se ensañan con los grupos indígenas en particular. El desplazamiento de casi la mitad de la población del litoral Pacífico, recordado recientemente por el antropólogo Jaime Arocha, y la contrarreforma agraria sufrida por los campesinos como efecto de la expansión paramilitar de los años noventa, son tragedias conmensurables con el sufrimiento indígena.
En esta fecha especial, en la que nos reunimos en torno a los pueblos indígenas, quizá pueda hacerse un alto en el camino para preguntar por los deberes de estos pueblos en tanto que sujetos nacionales. La legislación internacional que les cobija no se define por un proteccionismo a ultranza en el que los indígenas son objeto exclusivo de derechos. Por el contrario, los indígenas y sus líderes tienen obligaciones y deberían, por lo tanto, ser más abiertos a la discusión de los temas que, más allá del conflicto, no han permitido que la pugnacidad con un Estado que les reconoce como minorías llegue a su fin.
De parte de los indígenas, la respuesta a la expansión de la sociedad capitalista ha sido la de un no rotundo, una negación a ultranza incluso a los proyectos de los que podrían verse beneficiados. La convivencia implica, sobra decirlo, cierta flexibilidad, cierta capacidad de acomodar, ordenadamente, eso sí, otras formas de vida, otras visiones del mundo. El diálogo debería superar las prevenciones de parte y parte.
Los indígenas deberían ser más receptivos y propositivos frente a un Estado que no sólo tiene que atender el respeto a sus derechos, y procurar que se cumplan más allá de las buenas intenciones conceptuales, sino que también se encuentra abocado a reducir la pobreza que aqueja a sus habitantes. No se está desconociendo en ningún momento el mal manejo que con anterioridad a la Constitución del 91 el Estado colombiano les ha dado a los indígenas y a la protección de sus tierras, pero sí se desea que una relación de convivencia y construcción colectiva de un mismo país se logre sobre las bases de una mayor concertación.
Asumir como postura política el no rotundo a cualquier acercamiento no hará de los indígenas pueblos “puros”, “intocables” y “descontaminados”. Por el contrario, y en un contexto de conflicto que nadie niega, hará que en el futuro la construcción de una nación como la que se soñó en la Constitución del 91, incluyente y respetuosa de las minorías, siga siendo un reto contradictorio que impide tranzar las diferencias entre esas mismas minorías y el resto de la población.
Por El Espectador
