Hacia un punto de encuentro

Por imperfecto que pueda ser, tenemos un arreglo institucional para situaciones como la presente.

Cada día que pasa, nuevos hechos producto de la investigación histórica sobre la penetración en nuestra política del paramilitarismo y el narcotráfico  aumentan la crisis de gobernabilidad en el país, anuncian tormentas cada vez más graves y despiertan la creatividad de nuestros dirigentes sobre la mejor manera de enfrentarlas. La semana que termina no fue la excepción, tras la detención del primo del Presidente de la República y aliado de su prominente carrera política, su insólito intento de burlar la justicia solicitando el asilo en Costa Rica, las nuevas declaraciones de Salvatore Mancuso en las que ratifica que los paramilitares infiltraron absolutamente todas las esferas del poder, y la muy inoportuna propuesta, gestada en el Palacio de Nariño el domingo pasado, de crear un tribunal especial que juzgue al Presidente, a los congresistas y a los magistrados de las altas cortes.

El escenario es ciertamente grave y es posible que requiera de soluciones extraordinarias  para preservar, tanto el proceso judicial que adelantan la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía en el destape de una realidad que durante muchos años se miró de soslayo, como también —muy importante— la confianza y estabilidad de un país en pleno crecimiento económico, con cifras de inversión productiva en niveles impensables hace una década apenas y con avances significativos en materia de  seguridad.

Son muchas, sin duda, las falencias de nuestro sistema político que permitieron la realidad que hoy nos golpea y que muestran que los avances legislativos de los últimos años en ese campo han sido insuficientes y deben profundizarse. De seguro, también, existen fisuras en la estructura de nuestra administración de justicia que pueden repararse con una sana reforma. Pero las salidas que se han planteado y las que se plantearán en los días por venir, solamente tendrán  futuro si son el resultado de un punto de encuentro nacional y no del enfrentamiento de poderes —y de intereses— al que estamos asistiendo.

Antes de salir, entonces, a cambiar  la Constitución en la calentura del momento —a lo que históricamente hemos acudido ante cada crisis y lo que  la misma historia nos  ha demostrado tozudamente que poco o nada soluciona— se hace necesario enfrentar primero la  coyuntura bajo unas premisas básicas que permitan llegar a ese punto de encuentro.

¿Cuáles podrían ser dichas premisas?

 Ante todo, dejar que las instituciones actúen con plena libertad como, a pesar de algunos signos de interferencia, hasta ahora vienen actuando. Por imperfecto que pueda ser, tenemos un arreglo institucional legítimo vigente, con instrumentos adecuados para situaciones como la actual, y el hecho de que sus resultados luzcan desestabilizadores, no puede llevarnos a ponerle frenos a mitad de camino. Las investigaciones de la parapolítica eran y son una catarsis necesaria que el país venía aplazando, a la que quizás haya que sumar las de la parajusticia, la farcpolítica y quién sabe cuántas más, pero siempre dentro de nuestro marco legal.  

En segunda medida, debe haber conciencia de que este no es momento propicio para jugar a la política buscando beneficios de la crisis. Eso significa, de parte del Presidente de la República, desechar de plano y con claridad meridiana su interés reeleccionista y asumir el liderazgo que le corresponde para producir un acuerdo nacional incluyente. Y de parte de sus opositores, abandonar la intención de adueñarse de unas mayorías políticas que la ciudadanía no les ha delegado en las urnas.

Solamente con una muestra de sensatez de ese talante de parte de nuestros líderes políticos se puede pensar en ese punto de encuentro  necesario para impulsar, así sí, una reforma política, electoral y de justicia con la legitimidad que se requiere. Lo demás no sería más que otra pirueta para ocultar el barro en el que nos seguiríamos hundiendo.

 

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