Cada crisis trae su solución. Ante el escándalo de la parapolítica, que ya tiene a 31 congresistas detenidos por órdenes de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Álvaro Uribe ha propuesto la creación de una comisión de reajuste institucional conformada por expertos y nombrada mediante un decreto del Ejecutivo. La comisión, de la cual harían parte entre dos y cinco integrantes designados por el Presidente, sería la encargada de realizar la reforma política de la que tanto se habla por estos días y tendría una discutible misión adicional: la creación de un tribunal especial que juzgue al Presidente, a los congresistas y a los magistrados de las altas cortes.
A pesar de que el ministro del Interior, Carlos Holguín, ha dicho que la creación del tribunal es solo una idea que no ha sido aún acogida por el Gobierno y que de llevarse a la práctica no afectaría los procesos actuales, lo cierto es que la sola presentación de la propuesta, justo cuando avanzan las investigaciones de los congresistas implicados en la parapolítica, envía a la ciudadanía el peligroso mensaje de que las instituciones legítimamente constituidas deben acomodarse a las coyunturas políticas so pena de ser modificadas.
Si bien el afán del presidente Álvaro Uribe ante la crisis que atraviesa el Congreso —que podría derivar nada menos que en su parálisis— es entendible, no ocurre lo mismo con la posible solución sugerida. Justo en el momento en el que la Corte Suprema de Justicia adelanta las funciones para las cuales fue ideada, convirtiéndose incluso en un referente para América Latina de equilibrio de poderes y consolidación del Estado de Derecho, se insinúa un desconocimiento a su accionar al dejar en el aire la idea de que existen vacíos en la Constitución para juzgar a los altos funcionarios del Estado.
La propuesta llega, además, apenas días después de que el propio presidente de la República se dirigiera a la Corte Suprema de Justicia para exigirle “objetividad” y la llamara a no ceder ante “tentaciones de inestabilidad institucional”, desconociendo de tajo la independencia de los poderes y arrojando un manto de duda sobre los procesos que se adelantan contra los congresistas —cuyos principales protagonistas pertenecen a la bancada de Gobierno—.
Nadie niega el delicado momento que vive la Nación por cuenta de la develación, quizás tardía pero muy necesaria, del fenómeno de la penetración paramilitar en nuestra política. Tampoco, que de los procesos correspondientes puedan surgir interrogantes por excesos de nuestra justicia. Quizás en otro momento, con mentes menos calientes y argumentos más libres de la coyuntura política, se puedan emprender debates de este talante. Pero atacar veladamente en este momento a la Corte Suprema de Justicia, como si el escándalo de la parapolítica fuera una consecuencia de su existencia y no una prueba de su eficacia, resulta un despropósito.
Cuando la atención de la opinión pública se dirige hacia los congresistas por sus vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo y todos nos preguntamos si será capaz de asumir la responsabilidad política que le corresponde, el Ejecutivo opta por plantear la reforma de la institución encargada de velar por el comportamiento de los observados. Sin declinar al derecho de ser vigilantes de sus procesos para que los resultados de las investigaciones resistan toda prueba, el momento exige el respaldo absoluto a la labor histórica de la Corte Suprema de Justicia. Y las medidas extraordinarias para solventar la crisis política paralela, que quizás se requieran, no pueden pasar por encima de ella.