para que investigue a los congresistas Piedad Córdoba, Gloria Inés Ramírez y Wilson Borja, así como la apertura de investigación por parte del ente investigador a nueve personas más, entre ellos periodistas, asesores de paz y extranjeros, se ha dado comienzo al esperado proceso de la farcpolítica y demás nexos delictivos con ese grupo insurgente.
Tras la validación la semana anterior del contenido de los computadores del abatido líder de las Farc Raúl Reyes por parte de la Interpol , la justicia tenía la palabra para comenzar a analizar con criterio investigativo la información masiva allí incluida y actuar en consecuencia. Y si bien hay elementos que pueden despertar suspicacias en sectores de oposición, por la sencilla razón de aparecer de manera publicitada cuando están a medio camino las investigaciones por la parapolítica y comienzan las del denominado “yidisgate” alrededor de la aprobación de la reelección presidencial, resulta un despropósito y una inconsecuencia absoluta pretender demeritar la investigación que comienza bajo ese simple argumento.
Así como la opinión ha rodeado en estos meses el trabajo de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia en el proceso de la parapolítica, debe hacerlo ahora, con la misma determinación, frente a la farcpolítica, si de lo que se trata es de que los responsables de connivencia, colaboración, complicidad o aprovechamiento del poder criminal de los actores principales de nuestra espiral de violencia paguen ante la justicia por el daño irreparable que han infligido a nuestro Estado y, a partir de allí, comenzar el proceso de depuración de nuestras costumbres hacia el futuro.
No puede haber diferencias en la actitud de la justicia frente a la parapolítica, el “yidisgate” y la farcpolítica que ahora se inaugura. Y no ayudan, en ese sentido, las declaraciones en tono revanchista de algunos altos funcionarios que han salido a celebrar el inicio de la farcpolítica como un contrapeso equivalente a la parapolítica, como tampoco los intentos de presentarla como una cortina de humo frente a las investigaciones que afectan al Gobierno.
Con todo, resulta necesario también respetar el trabajo autónomo de la justicia y no adelantarse a sus decisiones. Lo que se inicia es apenas una investigación con base en la información contenida en los computadores. Y si bien se han conocido de manera selectiva y estratégica algunos de los documentos allí incluidos, la Fiscalía y la Corte Suprema tendrán que contrastarlos de manera profesional para distinguir lo que puedan ser contactos en labores de paz o humanitarias por la suerte de los secuestrados, de lo que realmente puedan ser acciones de tipo penal con validez probatoria.
Ciertamente, por los nombres de varios de los implicados, actores por mucho tiempo y en los últimos días de acercamientos de paz o en favor del acuerdo humanitario —muchos de ellos bajo la autorización del propio Gobierno Nacional—, es importante que dicho discernimiento sea absolutamente claro y transparente, para evitar una cacería de brujas que busque mostrar equilibrios de corte político antes que judicial.
Aun cuando ha sido vago en precisar el acervo probatorio que llevó a la Fiscalía a tomar estas decisiones, el mismo jueves el fiscal Mario Iguarán aseguró que ha habido “labores de policía judicial con trabajos de verificación y no sólo lectura de la información” contenida en los computadores. Ojalá haya sido en verdad así y ahora la investigación formal se procese con celeridad tanto como con especial cuidado, bien sea para procesar con todo el peso de la justicia a quienes fueron más allá o bien para limpiar el nombre de quienes simplemente cumplían un trabajo humanitario o sencillamente mostraron una afinidad ideológica con la guerrilla sin traspasar el límite de la legalidad.
El proceso de la parapolítica nos ha revelado conexiones con los grupos criminales de derecha de una profundidad inimaginable y es altamente probable que la situación no sea diferente con los grupos terroristas de izquierda. Pero solamente el trabajo de la justicia, ajeno a los condicionamientos políticos o de la galería, podrá producir los resultados necesarios para dejar atrás esa tragedia y poner a los responsables en su sitio. Por eso lo que se requiere ante todo es apoyar sin cortapisas ese trabajo arduo que les espera a nuestras instituciones de justicia y, una vez cumplido, acatar y respetar sus decisiones, cualesquiera que ellas sean.
Por El Espectador
