Con el aval de buena voluntad de una sociedad cansada de la guerra y ansiosa de paz, el Ejecutivo autorizó desmilitarizar 42.139 kilómetros cuadrados en cinco municipios del Meta y Caquetá para emprender un diálogo directo entre el Estado y la insurgencia. En medio de innumerables banderas blancas y la presencia de destacadas personalidades de Colombia y del mundo se instaló la mesa de diálogo. Pero el máximo dirigente de las Farc, Manuel Marulanda Vélez, nunca llegó a la cita.
La silla vacía fue un mal presagio de lo que no tardó en imponerse. Un escenario recurrente en escándalos y pocos avances de paz, donde las Farc literalmente se aprovecharon de la generosidad y también de la inexperiencia del gobierno Pastrana y de sus negociadores, para preparar su nuevo ciclo de guerra. Desde la proliferación de los cultivos de coca o el encubrimiento de casos de piratería aérea hasta la presencia de miembros del Ejército Republicano Irlandés (Ira) para instrucción en prácticas terroristas o la habilitación de cambuches para mantener secuestrados, la zona de distensión fue convertida por las Farc en área de retaguardia y campo de entrenamiento.
Es cierto que el Estado y la sociedad conocieron las entrañas del poder guerrillero y que hubo recordadas experiencias como el acuerdo humanitario que devolvió a sus hogares a más de 400 soldados y policías en cautiverio, pero predominantemente fueron tres años en que la zona quedó bajo el control de las Farc y en sus manos se convirtió en una región habilitada para propósitos contrarios a la concordia. De hecho, su fracaso como laboratorio de negociación política con la guerrilla fue determinante para que el péndulo electoral virara hacia la política de Seguridad Democrática y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, ya pasaron siete años desde que se decretó el fin de la zona de distensión y diez del accidentado proceso del gobierno Pastrana y las Farc, y la paz con la guerrilla parece cada día más lejana. Hoy la negociación política no despierta expectativas públicas como una verdadera opción, el discurso de la guerra prima sobre la reconciliación y el diálogo entre el Estado y la insurgencia, desde los ámbitos gubernamentales, se descalifica como una expresión de debilidad o de engañoso apaciguamiento. En una década, Colombia pasó de la largueza y la improvisación con escasos logros de convivencia con las Farc a la negativa absoluta y el triunfalismo militar.
No hay espacios ni ambiente político para recobrar una organizada negociación con la guerrilla y la sociedad, salvo por el bienintencionado intercambio epistolar con las Farc protagonizado en los últimos meses por algunos intelectuales interesados en promover acuerdos humanitarios, no cree que a corto plazo vuelva a forjarse una mesa de paz. Por el contrario, predomina la premisa de que la eficacia militar, como sucedió en el pasado con el M-19 o el EPL, lleve a la guerrilla a aceptar una paz decorosa. Una visión que a la vez constituye una quimera de victoria final basada en la expectativa de mantener a los frentes de las Farc debidamente combatidos y neutralizados.
Un panorama optimista que no puede opacar una creciente realidad de temas sin solución, como entender que la guerra es un negocio insaciable y que el narcotráfico sigue siendo su combustible mayor. A diez años del desplante del jefe de las Farc con el que empezó un ciclo frustrado para alcanzar la paz en Colombia, el conflicto armado interno persiste y son exiguos los caminos de entendimiento hasta para pactar pequeños reductos humanitarios.
Mientras no existan condiciones de confianza para rediseñar un serio laboratorio de paz entre el Estado y la insurgencia, el país seguirá ya no con una silla vacía sino con muchas otras de los negociadores hoy ausentes.
Por El Espectador
