Los diligentes investigadores reportan, por ejemplo, que “se logró establecer que Patricia Ariza, tras problemas familiares durante su juventud, practicó el nadaísmo y el hippismo” y que en la actualidad “desarrolla actividades culturales con Carlos Satizábal y lidera un proyecto con niños abandonados, ancianas, mujeres jóvenes y raperos, lo que podría relacionarse con el trabajo de masas que estaría desempeñando desde su rol para el PC3 (Partido Comunista Clandestino) cultural de las Farc”.
Todo hace parte de la misma escandalosa investigación que adelanta la Fiscalía 12 de la Unidad Antiterrorismo y que se originó el 28 de noviembre de 2005, cuando miembros del Batallón de Contraguerrillas Nº 9 incautaron en el Huila documentos de las Farc en los que se hablaba de “diferentes personas que han recibido instrucción por parte de ese grupo guerrillero y estarían organizando células en diferentes sectores de la ciudad”.
Por cuenta de dicha información ya esta Fiscalía Especializada ha ordenado revisar las bases de datos desde 1992 de las universidades Distrital, Pedagógica, Libre, Nacional y el Sena de Bogotá e interceptar, en diciembre de 2006 y septiembre de 2007, los mensajes de 152 direcciones de correo electrónico, entre ellos los de varios columnistas de El Espectador y el de la actual secretaria de Gobierno de Bogotá, Clara López Obregón, todo en busca de relaciones con el PC3 y la Red Urbana Antonio Nariño de las Farc.
Rayan con lo cómico los extremos hasta los que se ha llegado para corroborar los indicios de aquellos documentos encontrados en el Huila. En el primer caso, se pretende revisar los datos de más de dos millones de personas para conocer las hojas de vida de 55 personas. En el segundo, se “chuzan” los correos de 152 personas de las más disímiles actividades y líneas de pensamiento en una suerte de “pesca milagrosa” a ver si alguno entra en contacto con destinatarios sospechosos. Y en el caso de Patricia Ariza parece una burla que haber hecho parte del hippismo o el nadaísmo pueda constituir un asunto sospechoso.
En el momento de conocerse el primer escándalo, el Fiscal General encargado, Guillermo Mendoza Diago, defendió la medida. En el segundo caso, el Fiscal General, Mario Iguarán, se mostró indignado y destituyó al fiscal del caso, Jorge Iván Piedrahíta. Ahora, frente al caso de Patricia Ariza y ante las voces de solidaridad pública de cientos de intelectuales, hay un silencio absoluto por parte de las autoridades. Ojalá sea por ser aún tiempo de vacaciones.
Porque por irrisorio que pueda parecer todo este asunto o aun cuando se le quiera minimizar como determinaciones inconsultas por parte de mandos medios —se recordará que así fue como también se quiso explicar, sin éxito, esa otra censurable decisión en el DAS de hacer seguimientos al senador opositor Gustavo Petro y a otros dirigentes de su partido—, lo cierto es que estas sospechas o señalamientos prejuiciosos son reflejo de una tendencia en boga en el país a censurar la diferencia de pensamiento, equiparándola a sucias alianzas con la ilegalidad. A igualar disentimiento con terrorismo. Y cuando ello se hace, como se ha hecho, desde las más altas cabezas del poder, es apenas lógico que el Estado y sus funcionarios comiencen a actuar en consecuencia.
Como bien afirman los cientos de intelectuales que han firmado una carta de apoyo a Patricia Ariza, es hora de que en este país se “respeten la libertad de pensamiento y la independencia de los artistas, académicos, periodistas, poetas e intelectuales”. Porque entre chiste y chanza y dejando pasar absurdos como el de esta investigación —que prosigue en la Fiscalía aun cuando se haya destituido al último Fiscal que la adelantaba—, lo que se ha ido conformando es un ambiente hostil y peligroso de irrespeto al pensamiento libre. Y eso no es ningún chiste.
Por El Espectador
