Y esta vez la conmoción no fue solamente con el vecino país, y de paso con Venezuela, sino que tuvo amago de convertirse en una batalla de poderes en el seno del Gobierno Nacional, luego de la solicitud de la Fuerza Pública de convocar a un Consejo Superior de Seguridad y Defensa en el que se habría de discutir el camino a seguir en los casos en que se compruebe que la guerrilla continúa delinquiendo desde otro país.
Fue precisamente con ocasión del aniversario de la muerte de Raúl Reyes que ocasionó la ruptura de las relaciones diplomáticas con Ecuador, que el ministro Santos salió a defender públicamente la idea de que “golpear a terroristas que están sistemáticamente atentando contra la población de un país, así éstos no se encuentren dentro de su territorio, es un acto de legítima defensa”. La polémica posición le valió el rechazo tajante del gobierno de Correa y el calificativo de “personaje siniestro” de parte del vicepresidente de Venezuela, Ramón Carrizales. Con todo y que el Presidente lo reprendió —no es la primera vez que lo hace— y le recordó que la Cancillería es la única encargada de temas que, como éste, exigen discreción y diplomacia, en esta oportunidad el ministro Santos salió fortalecido, con su ratificación en el cargo y la imagen de digno representante de la seguridad democrática. Y eso aun cuando algunos le critiquen, con toda razón, que haya hecho de las relaciones internacionales de nuestro país parte de sus cálculos electorales.
Con todo, el debate de la legítima defensa puso de presente la situación en que nos encontramos, un año después de la incursión militar en territorio ecuatoriano, en el tema de los miembros de la guerrilla de las Farc que habitan en los países vecinos para escapar de la justicia colombiana y delinquir desde los mismos. Quienes aún defienden, como lo hace el ministro Santos y las fuerzas a su mando, la posibilidad de una irrupción militar más allá de las fronteras nacionales —y es bueno notar que el llamado de atención del Presidente, antes que en la exigencia de un cambio de postura, se centró en la importancia de utilizar los conductos diplomáticos—, pasan por encima del hecho de que en la declaración del Grupo de Río, celebrada en Santo Domingo, tras pedir disculpas, Colombia se comprometió en que “estos hechos no se repetirán en el futuro bajo ninguna circunstancia”.
Hizo bien, pues, el presidente Uribe en rechazar de tajo la insólita petición de la Fuerza Pública de realizar un Consejo de Seguridad, cuya convocatoria está reservada al Primer Mandatario. Con ello no solamente impidió que empeoraran las ya tensas relaciones con Ecuador sino que logró sofocar la “rebelión” de los uniformados y la división evidente entre los Ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores. Y, también, al eludir el debate sobre la legítima defensa, el presidente Uribe dejó abierto el preocupante tema de la poca acción —¿acaso complacencia?— de las autoridades venezolanas y ecuatorianas frente a la porosa frontera con nuestro país, sin entrar en una confrontación más aguda que a nadie, sino a la misma guerrilla, beneficia.
En adelante, conviene que nos limitemos al derecho internacional. Es en el ámbito de los organismos internacionales donde habremos de dirimir nuestras disputas y poner de presente las exigencias que los casos particulares ameriten. El camino de más diplomacia, menos beligerancia y ningún oportunismo político luce mucho más efectivo para conseguir la comprensión y colaboración de los vecinos que los gritos para ganarse el aplauso pasajero de la tribuna.
Por El Espectador
