Los usuarios insistieron, obligados —incluso bajo la amenaza de una multa—, y hubo quienes tardaron entre 8 y 10 días para llevar a feliz término el dispendioso proceso. Tal y como ocurrió con la planilla única para los aportes a la seguridad social.
Más allá de los problemas de logística hay quienes insisten en que el Runt es una iniciativa loable. Afirman sus defensores que estamos ante un instrumento de gestión necesario para centralizar información. Advierten que la dispersión actual de la información sobre tránsito hace posible que al adquirir un vehículo usado el ciudadano corra el riesgo de hacerse a un automotor con problemas de multas, involucrado en algún tipo de accidente e incluso robado. Con el Runt, supone la teoría, la información centralizada de todo el país permitirá conocer en línea y en tiempo real los datos disponibles de todos los automotores nacionales. La implementación del nuevo sistema, además, obligaría a las autoridades de tránsito regionales a modernizar sus operaciones.
Preocupa sin embargo que de alguna manera se estén desperdiciando recursos al disipar esfuerzos en una misma dirección. Con la entrada en vigencia del Runt, quien compra un automóvil está en la obligación de registrarlo en cuatro entidades distintas: la Oficina de Circulación y Tránsito de cada municipio, la Oficina de Tránsito y Transportes de cada Gobernación, el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit) y ahora el novedoso Runt.
Cabe preguntarse por qué se destinaron millones de pesos para poner en marcha el Runt, cuando la información pertinente ya la poseían los diferentes organismos de tránsito del país. Hubiese bastado con unificarla. ¿No son los mismos datos que recopilará el Runt los que figuran en las entidades ya existentes?
El caso más dramático de duplicación de esfuerzos lo caracteriza el Simit, que tras su creación, a partir de la Ley 769 de 2002, facultó a la Federación Colombiana de Municipios para implementar y mantener actualizado el sistema de información. De la administración de éste la Federación Colombiana de Municipios, que es un órgano privado, devenga el 10% sobre el valor de las multas.
En la actualidad los municipios de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla han expresado su total inconformidad. Consideran excesivo el precio y no les falta razón. “Fedemunicipios no ayuda a recaudar la plata”, señaló el secretario de Hacienda de Medellín, Mauricio Pérez, “y si le tenemos que pagar un 10% por el total de las multas”. Bogotá, la ciudad más afectada por la operación del Simit, fue condenada a pagar 50 mil millones de pesos por concepto del cobro de comparendos a través de éste. Para presionar el pago y en un fallo plagado de irregularidades, se ordenó al Ministerio de Transporte no enviar formularios de trámites a la capital.
Una vez más es válida la pregunta, formulada de otra manera. Si el Runt cumple con las funciones que venía ejecutando a tan alto precio el Simit, ¿por qué este no desaparece? La ciudadanía merece que se aclare el entuerto y que se le diga la razón por la que dos entidades diferentes aparentemente tienen las mismas funciones.
Por El Espectador
