Otro embate contra la justicia

La prueba de que ya no existe pudor alguno entre algunos políticos interesados en suplantar el Estado de Derecho la protagonizó esta semana el senador Manuel Enríquez, del Partido de la U, con un proyecto de reforma constitucional —una más— para la creación de un Tribunal Nacional Especial que tendría competencia para juzgar penal y disciplinariamente a los magistrados de las altas cortes, al Fiscal, al Procurador, al Contralor y a los congresistas.

Elegidos por el cuestionado Consejo Superior de la Judicatura, los nueve magistrados que conformarían el tribunal estarían divididos en salas para garantizar una segunda instancia en los procesos. Nadie niega que el debate sobre la segunda instancia para los congresistas sea válido y necesario, pero resulta bastante inoportuno en este instante, justo cuando la Corte está ocupada investigando a quienes se beneficiarían del cambio de juez que por Constitución les es natural.

La otra defensa del desafortunado proyecto la lidera el propio presidente de la U y ex comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, con el peregrino argumento de que no es conveniente que los poderes Legislativo y Judicial se juzguen mutuamente, como si no se tratase de un delicado ordenamiento institucional de pesos y contrapesos. En ningún otro período del siglo XX el ordenamiento jurídico había recibido tantas y tan variadas andanadas. Desde que el fenómeno de la parapolítica irrumpió y la Corte Suprema, en acato a sus funciones constitucionales, decidió hacerle frente, hay quienes insisten en que el sistema es obsoleto y discriminatorio. Y por ende político, que es como se quieren socavar las labores de la justicia, en un país que no pasa un día sin lamentarse de la impunidad.

Reformas que, como esta, se hacen con nombre propio, no tendrían cabida si el andamiaje institucional no se hubiese afectado con la primera reelección presidencial. Todas estas iniciativas, cargadas ellas sí de interés político, no pasan de ser transacciones con el Ejecutivo disfrazadas de encomiables mejoras a la administración de la justicia. Esta es la hora en que, pese al rechazo mayoritario que ha suscitado el proyecto, el Gobierno guarda silencio.

Resulta ineludible interpretar que estamos frente a una retaliación por el cambio de jurisprudencia de la Corte en la investigación a los congresistas que renunciaban a sus fueros para ser procesados por la Fiscalía, doctrina que calificamos en este mismo espacio de acertada y conveniente. Pero es claro que, de archivarse el esperpento, no estaríamos ante el final de esta estrategia concertada para debilitar a la Suprema. Otros embates vendrán y debemos estar prestos a protegerla como uno de los pocos bastiones de nuestra institucionalidad que siguen en pie frente la fuerza del Estado de opinión que se nos quiere imponer.

Todo lo cual no es óbice, empero, para exigir de la Corte Suprema muestras de ecuanimidad frente al desafío al que se le reta. En aras de la legitimidad con que asume su función de garante de la administración de justicia, debería revisar su decisión de aplicar la retroactividad en la aplicación de su nueva doctrina frente a los casos de la parapolítica. Más allá de que la Fiscalía no haya reaccionado con la celeridad que todos exigimos, genera incertidumbre jurídica y no le hace ningún bien al delicado momento que atravesamos que casos que ya, por aceptación de la misma Corte bajo su anterior doctrina, han avanzado en su camino procesal en la Fiscalía, se devuelvan ahora a la Corte. La Suprema no debe aceptar la provocación y responder de la misma manera como es atacada, porque ello la debilita en lugar de fortalecerla. Y la necesitamos fuerte.