La presión de los empresarios para intentar echar atrás tan importante determinación es apenas entendible, pues los últimos sucesos hacían pensar en la inminencia de la construcción de un puerto de aguas profundas en el ahora declarado parque natural.
Existen argumentos válidos, ciertamente, sobre la necesidad de un puerto en el Pacífico que complemente el de Buenaventura y amplíe la capacidad portuaria en esta cuenca. Málaga —una bahía natural con doble acceso y una profundidad que puede llegar hasta los 25 metros— es escenario perfecto para un puerto de aguas profundas en el que puedan atracar buques de gran calado, como lo exige hoy el comercio mundial.
La construcción de un puerto en Bahía Málaga había quedado además aparentemente saldada con la emisión, por parte del Gobierno Nacional, de dos documentos Conpes y una resolución, que ordenaban agilizar los estudios técnicos y ambientales para iniciar las obras. A estas directrices se sumaba, hace unos meses, la recomendación del gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, a la Corporación Autónoma Regional del Valle para desmontar el decreto —expedido por el anterior director de la Corporación— que prohibía la transformación de Bahía Málaga en puerto.
Todos estos antecedentes hacen más valiente la decisión tomada. Si bien es cierto que hacer compatible el desarrollo con la protección del medio ambiente tiene mejores resultados día a día y que en el mundo existen numerosos puertos que conjugan la eficacia comercial y la preservación de la naturaleza, nos encontramos lejos de tan loables objetivos y la construcción y operación de un puerto marítimo no siempre es sinónimo de progreso y bienestar.
El eventual puerto en Bahía Málaga pondría en grave peligro las cunas de corales, la franja de manglar y las más de 600 ballenas yubarta que cada año arriban allí para dar a luz a sus crías. Hoy, sin puerto, el 20% de las muertes registradas de ballenas en Colombia se deben a accidentes por colisión con embarcaciones. Además, el incremento del ruido, la contaminación, la sedimentación y el cambio de la temperatura del agua afectarían la reproducción de las ballenas.
Pero también la vida cotidiana de los pobladores de la zona se afectaría. Comunidades que ya resistieron los cambios y daños al ecosistema que acarrearon las construcciones de la Base Naval y de la carretera a Buenaventura, temen que el terminal marítimo y la consecuente llegada masiva de personas de otras regiones los conduzcan al desplazamiento. Para ellos Buenaventura, por estos días nodo de delincuencia, narcotráfico y contrabando, es un espejo de lo que sería Bahía Málaga de convertirse en puerto.
Con todo, no sólo preocupa que el Gobierno ceda ante las presiones de quienes no se resignan a abandonar el proyecto portuario; también inquieta que las actividades de conservación concertadas por el Gobierno y las comunidades no puedan realizarse a cabalidad con una Unidad de Parques Nacionales que afronta dificultades presupuestales.
La solicitud que han tramitado ante el Congreso de la República numerosas organizaciones medioambientales mundiales para una adición de $16.000 millones al presupuesto de una Unidad de Parques Naturales que hoy por hoy no cuenta con suficientes recursos para operar mínimamente, debe ser atendida. No se puede soslayar la importancia de los 55 parques, que más allá de abastecer de agua al 50% de la población colombiana y proveer el 20% de los recursos hídricos que abastecen de energía eléctrica al país, albergan a comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas cuya extrema vulnerabilidad nadie pone en duda.
Por El Espectador
