Esta discusión sólo refleja una tendencia perversa que se ha venido desarrollando en Colombia y en la que, en los últimos años, el poder ejecutivo ha jugado un papel protagónico: la obediencia al derecho, las leyes y los marcos institucionales es una simple alternativa más de acción y no el cumplimiento de unas reglas del juego que deben seguirse sin excepción alguna.
Ajustarse a los marcos constitucionales, entonces, parece ser ahora una opción y no una obligación. No tiene presentación que después de pedir un concepto al Consejo de Estado sobre el contenido del tratado de cooperación militar con Estados Unidos, el Gobierno decida que, como dicho concepto no se ajusta a sus intereses, simplemente y sin ninguna justificación lo rechaza y sigue adelante como si no hubiera pasado nada. Peor aún, con gran arrogancia acelera el proceso y anuncia en boca del Ministro de Defensa que el tratado se va a firmar esta misma semana.
Ahora bien, nunca se sabrán los argumentos que llevaron al Consejo de Estado a recomendar el estudio y debate del tratado en el Congreso porque el Gobierno decidió no divulgar el contenido de dicho concepto; así como decidió tampoco divulgar el texto del tratado mismo. Todo es secreto. Con cuentagotas y gracias a filtraciones a los medios que se han dado en contra de la voluntad gubernamental, el país medio le sigue la pista a un asunto de vital importancia para nuestro proceso de inserción internacional. El manejo que se le ha dado a este tema deja mucho que desear.
Lo que ha sucedido esta semana, sin embargo, es más grave. Y lo es para la implementación del tratado mismo y, en un sentido más amplio, para la deteriorada cultura política de este país. Poco va a poder hacer el Gobierno para recuperar la confianza de opositores dentro y fuera del país y para otorgarle legitimidad a esta nueva forma de cooperación con Estados Unidos, cuando su argumento central es que lo que importa es que tiene el poder suficiente para firmar e implementar el tratado.
En términos de cultura política, el Gobierno continúa enviando un mensaje equivocado, que sugiere que las reglas, las leyes y la institucionalidad solamente aplican cuando están del lado de sus intereses. ¿Cómo se explica que este concepto del Consejo de Estado se haya desechado con la misma celeridad con que se acogió con alborozo el que atañe a la licitación del tercer canal de televisión o el aeropuerto Eldorado? Si la legalidad no funciona como mecanismo legitimador de decisiones que ya están tomadas, simplemente es flagrantemente ignorada.
Esta no solamente es una concepción muy pobre sino también muy peligrosa de las funciones que deben cumplir las instituciones en las ramas del poder público. Instituciones convertidas en herramientas útiles (o totalmente inútiles) de un poder ejecutivo que cada vez reconoce menos límites. Con un Ejecutivo comportándose bajo esta lógica, ¿con qué argumentos se puede convencer al resto de la clase política y al ciudadano del común de que la legalidad y la institucionalidad del país existen y están allí para ser respetadas?
Por El Espectador
