Tras las duras críticas hechas a la reforma por las altas cortes, y dada la insistencia de algunos congresistas en declararse impedidos para votar la reforma en razón a que o están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia o son el reemplazo de congresistas igualmente investigados por presuntos nexos con el paramilitarismo, el Gobierno tomó la decisión acertada, algo tardía, pero aún a tiempo. La reforma había sido tildada por opositores y académicos, no sin razón, de oportunista y espontánea. En este clima, y por mucho que el Gobierno insistiese en las bondades de su proyecto, difícilmente se habrían conseguido las condiciones necesarias para una reforma constitucional.
Ahora, el Gobierno ha hecho público, en su comunicado de retractación, su interés en incluir en los decretos expedidos al amparo de la conmoción interior enmiendas que se frustraron con la reforma judicial, a la vez que insinúa una reforma a fondo, esa sí de verdad para combatir los problemas estructurales de nuestra justicia de cara al año 2010.
Nadie duda que una reforma de ese talante es urgente y ha sido aplazada por mucho tiempo con reformas más bien menores. Pero que no se haga con afanes y al abrigo de un momento excepcional como lo es la conmoción interior. Anteriores reformas a la justicia hechas al calor de tan excepcional herramienta han llevado a que el Ejecutivo se convierta, como lo explicó en este periódico Mauricio García, en un legislador de hecho. Proponer que el Congreso convierta en ley lo que por decreto el Gobierno decidió imponer sin discusión alguna, y aun antes de que la Corte Constitucional se pronuncie en torno a la constitucionalidad de las medidas adoptadas, nos luce una manera harto arbitraria y atropellada de abordar el delicado tema de la justicia. Imposible olvidar que, en un proyecto de reforma a la justicia anterior, presentado por el ministro Sabas Pretelt, se pretendió negarle a la Corte Constitucional su atribución para el examen de constitucionalidad.
Aducir que la eficiencia y eficacia de la justicia es un problema serio, haciendo eco de las preocupaciones del empresario Luis Carlos Sarmiento, quizás sea un buen punto de partida. Pero el fortalecimiento de la independencia de la misma, sobre el que no se han escuchado voces igualmente entusiastas, es también una argumento de peso para insistir en la necesidad de realizar estudios de largo aliento que justifiquen los arreglos y generen los consensos requeridos.
El retiro de la reforma a la justicia, pues, más allá de si lo provocó un mero asunto de mecánica legislativa alrededor de la coalición de gobierno, es una sana decisión que le puede abrir el espacio a una reforma de fondo y de consenso para transformar la aplicación de justicia en el país. Haber insistido en aprobar a los trancazos una reforma inspirada en la coyuntura de la parapolítica hubiera por el contrario aplazado soluciones de fondo y ofrecido poco o nada de avance hacia una mejor justicia.
Por El Espectador
