El comportamiento errático de las bolsas concentró la atención del público y escondió una realidad aún más acuciante: el deterioro de la economía real, particularmente en Estados Unidos. La producción industrial experimentó en ese país la peor caída en 34 años y las ventas del comercio descendieron abruptamente. Como se temía, la crisis financiera parece haberle dado paso a una recesión económica.
Los analistas todavía no se ponen de acuerdo sobre su profundidad, duración y extensión. Pero muchos alegan que será la mayor en una generación, que durará casi dos años y que se extenderá por todo el mundo. La recesión probablemente será profunda, larga y global. En Colombia, el Gobierno parece haber reconocido la nueva realidad y decidió esta semana reducir su pronóstico de crecimiento económico para el año entrante de 5% a 3,5%. La crisis seguramente traerá consigo un menor crecimiento y un aumento del desempleo y la pobreza.
Sin embargo, el Gobierno no ha anunciado medidas especiales para disminuir los efectos de la crisis internacional. En Chile, por ejemplo, la presidenta Bachelet, en compañía de los líderes políticos de todos los partidos, anunció esta semana un paquete de medidas orientado a proteger el empleo. En Colombia, con excepción de los anuncios del Ministro de Hacienda sobre un posible recorte presupuestal y un aumento de los recursos de crédito de las multilaterales, el Gobierno no ha presentado ninguna propuesta concreta para hacer frente a la crisis. Menos, ha convocado a los partidos o a la academia. Sus prioridades, al menos por ahora, parecen estar alejadas del tema económico.
¿Qué podría hacer el Gobierno? Idealmente debería aumentar el gasto público para compensar la caída en la demanda agregada. Pero, en la práctica, un aumento del gasto no es factible. El Gobierno no ahorró cuando podía y no podrá gastar ahora cuando toca. El recaudo de impuestos y los ingresos de Ecopetrol se verán afectados por la crisis. Al mismo tiempo, el acceso a los mercados internacionales de crédito será más difícil. Con menores ingresos y menor crédito, el aumento del gasto resulta imposible. La única alternativa es agilizar la ejecución de los proyectos existentes. Ya que no se pueden sumar proyectos, se debería al menos ejecutar los existentes.
El Gobierno debería también desmontar algunas de las ayudas y estímulos al sector privado: los subsidios a los exportadores ya no tienen justificación, las zonas francas son un apuesta arriesgada en momentos difíciles, algunos subsidios agrícolas son prescindibles, etc. En general, el Gobierno debe proteger el gasto social ante la perspectiva de un aumento del desempleo, lo que implica necesariamente propender por una mayor equidad en el sistema tributario y en el gasto público. Asimismo, valdría la pena examinar la pertinencia de algunos estímulos a la inversión, así como la conveniencia de reemplazarlos por subsidios al empleo.
Al mismo tiempo, el Banco de la República debe empezar a considerar seriamente una baja en la tasa de interés. La disminución de la inflación, así como la caída de la demanda agregada, han abierto el espacio. Así como reaccionó oportunamente al aumento de la demanda agregada, así también debería reaccionar a su descenso reciente. Como lo han demostrado los bancos centrales de los países desarrollados, el pragmatismo debe primar, por ahora, sobre la ortodoxia.
Las alternativas de política no son muchas, pero, por eso mismo, deben adoptarse con celeridad. El Gobierno debería presentar un plan de acción y ponerlo en marcha cuanto antes. Llegó sin duda el momento de afrontar la dura realidad económica de la crisis.
Por El Espectador
