Resulta una mera obviedad advertir el clima de tensión social que vive el país, justo cuando comienzan a asomar los efectos que la crisis financiera mundial tendrá sobre nuestra economía.
En ese ambiente de búsqueda de salidas para sobrellevar y disminuir el impacto de una ya anunciada recesión tras varios años de bonanza, no resulta ciertamente fácil para el Gobierno Nacional tramitar esta oleada de demandas, la mayoría de ellas producto del incumplimiento de acuerdos previos del Estado con quienes hoy protestan. Claro, quizás si la cosecha de los años precedentes se hubiera aprovechado para dar trámite a estos asuntos aplazados, otra podría ser la situación. Con todo, el hecho de que el momento no sea fácil para asumir compromisos presupuestales no excusa que se haya tomado el camino de satanizar la protesta social y criminalizarla.
La suma de despropósitos para afrontar las protestas como un problema de orden público es numerosa. Frente a la protesta indígena, en lugar de negociar la entrega de las tierras que les fueron prometidas y no les han sido entregadas, se ha preferido insistir en la infiltración guerrillera —que puede que exista—, fabricar puntos de honor como la exigencia de una excusa de los indígenas por retener a un cabo del Ejército o, lo último, ordenar a la Policía Nacional que investigue la presunta presencia de dineros provenientes del exterior en la financiación de la movilización. Se dirá, y no sin razón, que hay motivos válidos para cada una de estas decisiones, pero es evidente que la intención velada es desprestigiar la marcha indígena.
Similar ha sido el tratamiento para los corteros de caña. Después de insistir en la teoría de “las fuerzas oscuras” detrás del paro, el Ministro de Protección Social le pidió a la Procuraduría que investigue si existe instigación de parte de congresistas de la oposición, en referencia a un video dado a conocer por el DAS —ahora entendemos por qué, cuando se ha revelado la orden de seguimiento e infiltración al Polo Democrático— en el que el senador de ese partido Alexánder López lidera una reunión previa al paro en la que afirma que abogará por sus derechos. Se dirá también en este caso que hay motivos para querer proteger el mal uso de recursos públicos, pero es evidente que la intención velada es dejar la sensación de que el apoyo político a la protesta social es un delito.
Al mismo tiempo, pero para aplacar la huelga que aún no ha comenzado, el mismo ministro Palacios protagonizó un airado debate con el presidente de la CUT, Tarcisio Mora, a quien calificó de tener “intereses políticos escondidos”, en razón a la convocatoria al paro nacional en coincidencia con el de corteros y con la marcha indígena. ¡Habráse visto! Como si fuera ilegal que las protestas se apoyen unas en otras y se busque entre quienes piensan igual tener un mayor efecto.
El clima de tensión que vive el país es muy delicado y no está como para este tipo de respuestas a la protesta social. La estrategia de la criminalización y la descalificación, como si de subversión se tratase, es un peligroso camino para intentar acallar las demandas de sectores a los que el Estado les ha incumplido.
Por El Espectador
