La alta rentabilidad reconocida por DMG a sus usuarios es un misterio. Muchos analistas señalan que la misma sólo podría ser explicada por una operación gigantesca de lavado de dinero o por una estafa de grandes proporciones. Hasta ahora un grupo de trabajo integrado por la DIAN, la Fiscalía, el DAS, la Dijín y la Unidad de Análisis e Información Financiera del Ministerio de Hacienda no ha podido encontrar una prueba contundente sobre las actividades ilegales de DMG. En agosto de 2007, un camión con 7.370 millones en efectivo fue incautado en el departamento de Putumayo, lo que condujo a la apertura de un investigación en contra de David Murcia Guzmán por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La Fiscalía adelanta otras tres investigaciones, sin resultados ciertos. Y mientras las autoridades investigan, el negocio sigue creciendo y ganando adeptos.
DMG inició operaciones en el Putumayo hace cinco años. Rápidamente ganó aceptación social. Y desde entonces ha venido ganando poder e influencia. Sus usuarios son de todas las clases sociales, incluidos políticos y funcionarios del Estado. El año pasado el representante liberal Guillermo Rivera fue objeto de intimidaciones y amenazas tras instar a la Fiscalía a que investigara las actividades de DMG. Sus familiares tuvieron que dejar el departamento de Putumayo y David Murcia Gómez denunció ante los medios locales un supuesto ataque político.
Los usuarios de DMG están promoviendo una jornada de protesta en contra de una supuesta persecución de las autoridades. El abogado Abelardo de la Espriella, representante de la empresa, llegó incluso a sostener que interpondrá una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De la Espriella afirmó, igualmente, que DMG no es una pirámide, no capta dinero del público, paga impuestos, genera empleos y, por encima de todo, les ha permitido a muchas familias llevar “una vida digna”.
Hasta ahora el Estado ha observado con una mezcla de indiferencia e impotencia el crecimiento de DMG. En algunas ciudades, lo único que han hecho las autoridades locales es regular las colas de usuarios que acuden en masa en busca de una ganancia extraordinaria. La Policía Nacional ha recibido agasajos por parte de la naciente empresa. El Gobierno Central ha actuado con extrema cautela, dejó crecer el problema y hoy no sabe qué hacer. En un consejo comunitario celebrado en Pasto hace unas semanas, el Presidente y su gabinete decidieron a última hora no enfrentar un tema que se ha convertido en una verdadera amenaza para la estabilidad económica y social de algunas comunidades del sur del país.
Pero la situación no da espera. El Gobierno debe actuar con prontitud para evitar que esta bola de nieve se convierta en una avalancha. Los riesgos de la intervención son evidentes. Pero los riesgos de la dilación son mucho mayores. Trátese de una pirámide o de un extraño esquema de democratización de las utilidades del narcotráfico, la intervención está plenamente justificada, tanto desde el punto de vista legal, como del social.
Por El Espectador
