No todo vale

El oficio, que dio origen a una enérgica reacción de parte de la comunidad académica, se sustenta en conocer las hojas de vida de 55 personas que aparentemente estarían infiltradas en las universidades, según un computador encontrado en un campamento de las Farc en el Meta. Los cálculos del Ministerio de Educación señalan que se están requiriendo los datos de más de dos millones de personas.

Pese a que el propio fiscal general encargado, Guillermo Mendoza Diago, inicialmente manifestó que no le veía ninguna utilidad a la medida, tras reunirse con el fiscal especializado de la unidad terrorista defendió la propuesta, bajo el argumento de que no se trata de establecer un censo poblacional y que por el contrario, lo que se busca es verificar si los individuos que aparecen señalados de tener nexos con las Farc se encuentran en las bases de datos desde 1992, que les fueron exigidas a las universidades.

La medida fue calificada de “inapropiada” por el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, y el propio procurador, Edgardo José Maya, manifestó que el procedimiento no es el adecuado. De haber personas delinquiendo desde los claustros, sostuvo Maya, la Fiscalía estaría en la obligación de investigarlas, pero de manera individual. Otras opiniones, igualmente críticas, han denunciado que se está señalando a la comunidad universitaria, que se trata de una “cacería de brujas” y de una idea “arbitraria” que sólo busca impactar a la opinión pública.

Más allá de la polarización en la que ha degenerado la desafortunada iniciativa, y de los merecidos calificativos que ha recibido, lo cierto es que, como mínimo, se está violando el derecho a la privacidad de las personas y a la autonomía de las instituciones educativas. Este tipo de intromisiones, que guardadas proporciones recuerdan el fantasma de la lucha contra el terrorismo desplegada por el hoy impopular presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, y en particular la tenebrosa ley de escucha avalada por el Senado estadounidense para “saber lo que dicen (los terroristas) y lo que están planeando”, sólo podría ser justificable en los casos en los que no exista otra forma de conseguir el objetivo requerido.

Pero con seguridad existen otras formas de establecer si las personas que aparecen en el computador de las Farc pertenecen a alguna universidad. Los respectivos rectores, los primeros interesados en que sus alumnos y profesores no sean estigmatizados, bien podrían buscar por sus propios medios en las bases de datos requeridas. Como también lo dijo Wasserman, bastaría con un derecho de petición. Qué utilidad tiene la información personal de dos millones de personas cuando se busca solamente a 50 sospechosos y qué uso se le va a dar a dicha información, son preguntas inevitables ante el despropósito de este requerimiento.

Nadie quiere, por supuesto, que nuestros centros educativos estén penetrados por los grupos armados ilegales. Pero eso no excusa que la comunidad educativa en general sea vista bajo sospecha. La política de seguridad democrática tiene que encontrar, de una buena vez por todas, caminos éticos que le devuelvan la legitimidad que ante los últimos acontecimientos ha ido perdiendo. No todo vale en la lucha contra el terrorismo.