Del talante incluyente, generoso y abiertamente conciliador del proyecto de ley impulsado por el senador liberal Juan Fernando Cristo se pasó a un esperpento jurídico que, antes que favorecer a las víctimas, establece diferenciaciones y categorías entre las mismas. Las transformaciones que se le hicieron son trascendentales, no hay organismo interesado en el tema que no se haya manifestado en contra, y en todas el principio que parecería guiar al Gobierno es el de la viabilidad fiscal del proyecto y sus implicaciones en el erario público.
La exclusión de las víctimas de Estado de una reparación administrativa que les está garantizada a las víctimas de los actores armados ha sido el centro del debate, por sus implicaciones en materia del derecho a la igualdad a que tienen las víctimas, sin distingos de sus victimarios. Establecer que la reparación debe darse por la vía judicial, cuando la lentitud y la impunidad caracterizan los casos de violaciones de derechos humanos cometidos por la Fuerza Pública, no es más que crear la ilusión entre las víctimas del terrorismo de Estado y la comunidad internacional interesada en el tema, de que la reparación es posible y el Estado colombiano no teme aceptar su responsabilidad en los hechos. En la práctica, no deja de ser un mecanismo ideado para excluir y diferenciar unas víctimas de las otras —más aun cuando se establece que el tope máximo de reparación sería del orden de 18 millones de pesos, una suma muy inferior a la que en este instante ya pueden acceder las víctimas en los estrados judiciales ordinarios—, con el agravante de que sienta las bases para una insatisfacción social cuyos efectos son impredecibles.
De la “responsabilidad asumida” —y es preciso recordar que con anterioridad a los escándalos de los “falsos positivos” el Gobierno se había mostrado completamente en desacuerdo con la idea de reconocer siquiera la posible existencia de víctimas de Estado— se transitó al principio de “solidaridad”. Más allá de que la reparación se asuma como un ejercicio de filantropía —con lo que de paso se lanza el mensaje de que las víctimas son en realidad ciudadanos de segunda categoría—, nadie se explica las razones por las que la sociedad estaría obligada a asumir la responsabilidad política del Estado. Es más, se introdujo y se aprobó la peregrina idea de que los únicos victimarios del Estado reconocidos como tales son los miembros de la Fuerza Pública. Ningún otro funcionario, aun si su participación por acción u omisión ha permitido la comisión de determinados crímenes, tendría siquiera que pedir perdón en el marco de un proceso de reparación.
Por si ello fuera poco, los ciudadanos de estratos 5 y 6 que sean víctimas de grupos al margen de la ley , así como las parejas del mismo sexo, quedan excluidas. Igual de inaudito, las posibles víctimas del conflicto y el terrorismo de Estado con posterioridad a la promulgación de la ley no serán contempladas en los beneficios de la misma.
Como está pensado para ser discutido en Plenaria, y pese a que según un comunicado del ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, se trata de “un proyecto de ley serio, responsable fiscalmente y universal con las víctimas”, el proyecto de ley de víctimas haría menos daño retirado que aprobado. Un proyecto excluyente, discriminatorio, regresivo y retardatario que contradice normas internacionales, habla mal del Gobierno, de la bancada uribista y de su buena voluntad para asumir el supuesto posconflicto. Quizás sea hora de empezar a pensar si las consideraciones en torno de lo que cuesta reparar deben primar por sobre los motivos y la forma en que es preciso hacerlo.
Por El Espectador
