Pese a las denuncias hechas por Mancuso sobre presuntos nexos entre el paramilitarismo y diversas personalidades de la vida colombiana, llama la atención que hayan transcurrido más de seis meses para que se diera inicio a la primera audiencia desde que el Gobierno decidiera, intempestivamente, extraditar por el delito de narcotráfico a 14 de los principales jefes paramilitares.
Como se recordará, en su momento la medida generó todo tipo de polémicas entre quienes la avalaban, por considerar que no se estaba cumpliendo con los requisitos de la Ley de Justicia y Paz, y quienes se oponían alegando el derecho de las víctimas a conocer las particularidades de su doloroso pasado. La discusión se saldó en favor del Gobierno, pese a que la Corte Suprema de Justicia condicionó en varias sentencias la extradición a la garantía de que se respetaran los principios generales de verdad, justicia y reparación. Un fallo de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, según el cual “la extradición y los postulados de Justicia y Paz no son excluyentes”, avaló la extradición.
Se dijo entonces que la verdad en torno de diversos hechos delictivos estaba en manos de los mandos medios que ejecutaron y desaparecieron a las víctimas. Que los que anteriormente y bajo la figura de la sedición eran considerados delincuentes políticos, no eran más que narcotraficantes. Y que en adelante se lograría con éxito el proceso de desmovilización y desarme. Algunos, incluso, afirmaron que por esta vía las víctimas recibirían una cuota mayor de verdad. El Gobierno, para justificar su decisión, sostuvo que los bienes entregados irían al fondo de reparación, que Colombia podría enviar representantes a los juicios que se adelantaran en cortes federales y que las autoridades de Estados Unidos garantizarían la continuidad de las versiones libres.
Pues bien, haciendo caso omiso de las muchas inconsistencias en que ha incurrido el proceso de paz con los paramilitares, lo cierto es que el propio Mancuso, en una carta dirigida al fiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo, reconoce que las “dificultades para reanudar las diligencias de versión (libre) han sido muchas” y que “las condiciones en que se reanuda pueden limitar la participación de las víctimas”. De los otros paramilitares, a la fecha, no se conocen verdades concretas diferentes de las que con seguridad le han ido entregando al gobierno estadounidense para desarticular diversas redes de narcotráfico.
Ahora que la Corte Suprema de Justicia, después de un año de discusiones, aprobó el envío de Diego León Montoya, alias Don Diego, a los Estados Unidos, quizá sea hora de considerar con mayor detenimiento llamados como el que hiciera la Comisión de la Memoria Histórica —retomado por la propia Procuraduría— en el sentido de que es conveniente que la justicia colombiana reaccione antes de que la responsabilidad de Don Diego en el narcotráfico anule la que tiene por la masacre de Trujillo. Quizás sea hora, también, de empezar a considerar si la figura de la extradición, que siempre hemos defendido en estas mismas páginas, no se está utilizando como mecanismo de negociación política para impedir que se sepan determinadas verdades que incomodan.
Por El Espectador
