En todas las anteriores, pese a las reticencias del Congreso, el Gobierno ha acudido al argumento moral de la equiparación entre consumidor y financiador de la guerra, la violencia y el narcotráfico. Quien consume estupefacientes es, bajo el argumento gubernamental, el directo responsable de los cilindros-bomba, el desplazamiento, las minas quiebrapatas, los secuestros y demás barbaridades en que incurren los grupos armados al margen de la ley.
Campañas publicitarias lideradas por el vicepresidente Francisco Santos en Europa han hecho lo propio, pero fijando la atención en el impacto ambiental que tiene el cultivo de la coca en la Amazonia. Consumir un gramo de cocaína, se le ha dicho al mundo, “borra cuatro metros de selva tropical”. El campesino productor, desplazado en maldad por el adicto, es ahora igualmente culpable de lo que se ha dado en llamar ecocidio.
La nueva estrategia, además de retomar el siempre facilista —además de peligroso— camino de la incriminación moral, contrasta con la opinión del experto Anthony Henman, quien en entrevista con El Espectador hace unos días dejó claro que la expansión de la frontera agrícola en Perú, Bolivia y Colombia, del orden de los dos millones de hectáreas, es el equivalente de lo sembrado en caña de azúcar. Es más, en Brasil la superficie arrasada para producir soya es quinientas veces superior a la empleada para cultivar coca. Claro, en el argumento faltaría precisar qué tierras se utilizan en cada caso, pero sí da cuenta de que el debate es más amplio que la mera propaganda efectista.
En esta ocasión, y dado que los argumentos utilizados hasta el momento no parecen tener el impacto deseado, el Presidente se ha mostrado preocupado por la juventud colombiana y los crecientes índices de consumo. Ante el Congreso Nacional de Municipios celebrado en Barranquilla, sostuvo que la penalización de la dosis mínima es un “clamor nacional” y que como tal el Congreso está en la obligación de atenderlo.
Bajo la misma lógica pero en otro frente, el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, firmó la semana pasada el decreto 411 de 2008 con el objetivo de establecer restricciones al consumo de estupefacientes, sustancias psicoactivas y tóxicas dentro o alrededor de plazas, parques públicos, establecimientos educativos, jardines infantiles e instituciones dotacionales de salud. Pese a que la medida se encuentra a tono con el deseo de la Corte Constitucional en el sentido de que es importante regular el consumo, el enfoque utilizado por el Alcalde tras expresar que “necesitamos espacios libres de vicio” no cambia en nada la realidad anterior. ¿O es que ayer no más no había represión alguna al consumo de drogas en esos lugares? Bajo el argumento, siempre útil para ganar en popularidad, de que se está atendiendo al llamado de la comunidad, la persona que por adicción o simple divertimiento consume drogas rápidamente toma el lugar de corruptor de menores.
No se trata, por supuesto que no, de insinuar que el uso de drogas en espacios públicos no deba ser controlado. Pero sí evidenciar que tan poco interés de parte de nuestros líderes políticos —y ello en la órbita de lo nacional, internacional y distrital— por construir explicaciones menos simplistas del consumo de drogas y la tragedia que vive el pueblo colombiano bajo el efecto de la prohibición, lo que asegura es la continuidad de la incesante búsqueda de culpables a quien responsabilizar de la guerra y sus estragos mientras se niega la posibilidad de generar políticas de salud pública que enfrenten la drogadicción. Si la consigna sigue apegada a la represión, antes que avanzar seguiremos retrocediendo.
Por El Espectador
