Los enredos de las cuentas nos han sido explicados, con cuentagotas, por medios de comunicación, congresistas de la oposición y órganos de control electoral ante los que la recolección de firmas quedó reducida a una feria inaudita de incoherencias. La primera, y quizás la única involuntaria, la defectuosa redacción de la pregunta que dio pie a que se tumbara de tajo la reelección para 2010. Sobre el particular, el proyecto que cursa en el Congreso fue avalado para 2014. Con justa razón, cuatro millones de personas que firmaron porque el presidente Uribe pudiera repetir inmediatamente después de acabado su segundo mandato, se encuentran, por decir lo menos, encolerizadas.
Pero hay más. El registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, explicó que el balance que le fue entregado a la Registraduría por el Comité Promotor del Referendo traía un extraño rubro apodado “otros créditos”, por una cifra de $1.900 millones, de los que 1.180 habrían sido entregados por la Fundación Colombia Primero en calidad de “préstamo”. El propio Registrador considera que se trata de una contribución y que como tal excede los topes individuales y colectivos avalados por la ley. Por si ello no fuera motivo suficiente de escándalo, se sabe también que seis de los nueve miembros de la junta directiva de Colombia Primero pertenecen al Comité Promotor del Referendo. Lo que ha dado en llamarse “triangulación”, no parece ser otra cosa que una avivatada para hacerle el quite a la ley. De no ser así, la actitud del representante legal de Colombia Primero, Carlos Alberto Jaramillo, quien por tercera vez incumplió su cita ante el Consejo Nacional Electoral, no ayuda en nada a despejar las sospechas.
Nombres que no coinciden con las cédulas en los primeros informes entregados —camándula explicada con el infantil argumento del error de digitación—, aportantes que no dieron su NIT y omisión de contribuciones hechas por empresas como Transval, filial de DMG que transportó y almacenó las firmas, y de particulares que como el ex gobernador del Magdalena José Domingo Dávila Armenta se encuentra hoy detenido, adhieren a las rarezas anteriores. Y ello por no hacer énfasis en la antiética presencia de compañías concesionarias del Estado que figuran entre quienes entregaron dinero a la nebulosa Fundación.
En medio de la barahúnda y las fundadas sospechas sobre la transparencia de su financiación, la indecisión del Presidente —de quien un columnista con acierto escribiera que “avanza remando de espaldas”— llevó a que la bancada de gobierno protagonizara su propio espectáculo. El representante de la U Mauricio Lizcano señaló al presidente de la Cámara, Germán Varón, de estar saboteando la discusión del referendo en razón a que éste, como se lo ordenó el Gobierno, le dio prelación a la ley de víctimas. Entre tanto, el ministro del Interior, Fabio Valencia, expresó en un comunicado que “el Congreso debe pensar el efecto negativo que tendría frente a la opinión pública” el que la Cámara no discuta el proyecto de ley y, sin sonrojarse, manifestó a la vez que el Gobierno no está interesado en intervenir para que el referendo sea aprobado.
Con tantos y tan variados problemas, si el referendo avanza, las miradas se centrarán en la constitucionalidad del mismo, justo cuando existen serias dudas acerca de la independencia con que los futuros magistrados de la Corte estén en capacidad de deliberar.
Nada provechoso se ve venir, pues, en esta comedia de las equivocaciones con que se ha pisoteado un mecanismo de participación popular tan importante como lo es el referendo.
Por El Espectador
