Ascender a militares cuestionados

¿Qué mensaje les envía a las víctimas que el Gobierno ascienda a militares sospechosos de ejecuciones extrajudiciales? / Gustavo Torrijos - El Espectador

La justicia colombiana está en deuda en muchos casos de asesinatos extrajudiciales ocurridos en el país hace unos años. Mientras no se haya aclarado la responsabilidad, no sólo de quienes cometieron los homicidios de manera directa, sino de sus jefes dentro del Ejército que debían (y podían) detener la ocurrencia de esos hechos, el Estado no debería tomar partido ni mucho menos premiar a quienes estén bajo sospecha.

Por eso, la denuncia publicada esta semana por Human Rights Watch (HRW) es angustiosa. Según la ONG, el Ministerio de Defensa propuso para ascenso a cinco oficiales del Ejército sobre los que hay evidencia creíble de tener vínculos con la ocurrencia de las ejecuciones extrajudiciales. De ser cierto, es tarea del Gobierno evitar el reconocimiento hasta que se haya llegado a una decisión judicial clara sobre los hechos en cuestión.

Igual de preocupante es que José Miguel Vivanco, director de HRW en América Latina, le dijo a El Tiempo que “en lugar de impedir que asciendan soldados vinculados con ejecuciones de falsos positivos que todavía se encuentran bajo investigación, el Ministerio de Defensa parece estar ocultando información clave sobre el presunto rol de estos oficiales en delitos atroces”.

Según el informe de HRW, dos de los oficiales que están en la lista para el ascenso tienen investigaciones penales en la Fiscalía y los otros tres estuvieron en posiciones de mando en unidades que están en medio de varios hechos de asesinatos extrajudiciales.

El Gobierno, sin embargo, reitera su decisión de proponer el ascenso. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que “no hay nadie que tenga investigaciones penales formales; los que estaban para ascenso y las tenían no fueron considerados”. Sobre las investigaciones en curso, el ministro aseguró que “nosotros en el Estado colombiano sólo tenemos como fuente de información sobre investigaciones a la justicia penal”. En otras palabras: seguirán adelante, pese a las denuncias.

¿Qué mensaje les envía esa posición a las víctimas? Aunque, por supuesto, los militares tienen derecho a la presunción de inocencia y a defenderse en los procesos, la existencia de sospechas debería ser motivo suficiente para frenar el ascenso hasta que haya una decisión (en cualquier sentido) por parte de las autoridades. Que dicha resolución sea demorada, por cierto, es sólo culpa del sistema judicial, pero no es una excusa para ignorar que hay casos graves pendientes.

Contra uno de los oficiales, por ejemplo, hay un testimonio que dice que no sólo estaba al tanto de los asesinatos, sino que los autorizó. Puede que sea falso, pero la Fiscalía no le ha rendido cuentas al país sobre eso y por eso es suficiente motivo para cuestionar el ascenso.

Especialmente porque, si el Estado premia a estos militares, está tomando partido y diciendo que son funcionarios ejemplares que merecen reconocimientos. ¿Puede decirse eso de alguien que está siendo investigado en la Fiscalía por hechos tan graves, aun si no hay un proceso formal en contra?

Haría bien el Gobierno en reconsiderar y también promover que se resuelvan velozmente estos casos. No sólo para que las carreras de los militares no se vean truncadas, sino para que las víctimas por fin sepan qué ocurrió y quién fue responsable.

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