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28 Jan 2022 - 5:00 a. m.

Asesinar a alguien no es justicia

Las muertes de Ermilda Tunay Sintua y su hija son lamentables y merecen investigación, pero la justicia por mano propia viola todos los acuerdos que hemos hecho como sociedad. / Fotografía: Cortesía
Las muertes de Ermilda Tunay Sintua y su hija son lamentables y merecen investigación, pero la justicia por mano propia viola todos los acuerdos que hemos hecho como sociedad. / Fotografía: Cortesía

En el momento en que las tragedias se convierten en justificación para la violencia, la sociedad colombiana se rinde ante el desenfreno y traiciona su esfuerzo por crear instituciones de justicia que no se fundamenten en la venganza. Las muertes de Ermilda Tunay Sintua, de 36 años, y su hija, de un año, ocasionadas por un conductor de un vehículo de basura son profundamente lamentables y merecen investigación, como todos los accidentes viales que ocurren en el país. Sin embargo, que un grupo de miembros de la comunidad embera, a la que pertenecía Tunay Sintua, en represalia hayan matado a palos y piedras al conductor, Hildebrando Rivera, un hombre de 60 años, es un asesinato que también merece todo el peso de la ley. La justicia por mano propia no existe: es una violación de todos los acuerdos que hemos hecho como sociedad.

Es entendible, por supuesto, la frustración de la comunidad embera. El accidente vial es doloroso y horroroso, y se siente como otro agravio en una larga lista ocasionada por el abandono estatal. La comunidad lleva meses asentada en las inmediaciones del parque La Florida, en espera de respuestas del Gobierno Nacional que no han llegado. Esto se suma a un discurso público que a menudo estigmatiza a las comunidades indígenas, negándoles sus derechos y ligándolas de manera injustificada con actos de violencia. Lo único que están pidiendo es el reconocimiento de su dignidad.

No obstante, asesinar al conductor es deplorable y, en su propia medida, una traición del acuerdo fundamental que todos los colombianos compartimos. La manera en que está construido nuestro sistema judicial, especialmente el penal, busca que nunca los castigos tengan como motivación esencial la venganza. La existencia del debido proceso, de un Código Penal que diferencia el dolo de la culpa y de una Constitución garantista tiene como propósito evitar los abusos, vengan del Estado o de los ciudadanos privados. Asesinar a alguien no es justicia, por muy justa que sea la rabia que hayan experimentado los agresores.

Especialmente porque la violencia es inútil. Después de la noche fatídica, ¿qué nos queda? Tres vidas desaparecidas, familias en duelo, comunidades lastimadas y agresores con procesos penales encima. Ese es el círculo de las tragedias que los colombianos conocemos muy bien.

Son necesarios varios actos. Desde la Fiscalía, una investigación contundente y expedita de lo ocurrido que dé con los responsables. Desde la comunidad, un acto de reflexión público ayudaría a empezar a sanar las heridas. Desde el Gobierno Nacional, una solución pronta a los reclamos de los grupos indígenas que han pasado demasiado tiempo asentados esperando respuestas a sus reclamos. También, de manera transitoria, debe garantizarse una ruta segura para que la comunidad pueda buscar comida, pues han denunciado ya cuatro accidentes similares al ocurrido. El diálogo es un requisito esencial para mostrar que la sociedad colombiana puede alcanzar la paz.

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