Luego de la reunión de cancilleres de la OEA bajó la tensión y ahora el turno le corresponde a la diplomacia bilateral. Quedan algunas lecciones importantes.
La primera, obvia, es que éste no es el caso de un delito común cometido en un tercer país por un ciudadano cualquiera y que amerita su extradición para que pueda ser juzgado por las autoridades de dicho país. Como ya lo dijimos, lo que hay de fondo es un montaje para que Assange sea enviado de Gran Bretaña a Suecia a responder por acusaciones de un supuesto delito sexual. Desde Suecia, y ahí está la trampita, el fundador de Wikileaks podría ser extraditado a Estados Unidos, país que no le perdona las filtraciones de miles de mensajes ultrasecretos de sus relaciones diplomáticas. La lógica de que el que la hace la paga tiene a Washington a la espera de poner a Assange tras las rejas para un castigo ejemplar. De esta manera, nadie más debería atreverse a hacer algo similar a futuro.
Aclarado este primer punto, lo que sigue cobra más claridad. Gran Bretaña, en su exceso de celo por bloquear la posibilidad de que Quito concediera el asilo a Assange, resguardado en su embajada en Londres, cometió un error diplomático infantil. Un funcionario británico entregó a la Cancillería en Ecuador un breve documento, o Aide Memoir como lo llaman en el mundo diplomático, en el que claramente se amenazaba con entrar a la sede diplomática ecuatoriana y sacar a la fuerza al fundador de Wikileaks si se le concedía el asilo. La explicación: hacer cumplir las normas internas británicas y proceder a extraditarlo a Suecia.
La metida de pata dio pie a la lógica reacción del presidente Correa, pues a todas luces se trataba de un disparate contrario a las normas mínimas del derecho internacional. En este caso, a la Convención de Viena de 1961 sobre la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. La solidaridad internacional no se hizo esperar y tanto Unasur como la OEA han acompañado mayoritariamente a Ecuador en esta cruzada de la civilidad y la razón contra la imposición de medidas de fuerza.
La resolución aprobada por la organización hemisférica el viernes anterior se constituye así en una reafirmación de principios esenciales que son innegociables. Al final, sólo Canadá se abstuvo de apoyar el texto y Estados Unidos dejó una pequeña salvedad. Era imposible no reiterar la validez de este principio, así como el hecho de que no se puede colocar el derecho interno de ningún país por encima de las normas del derecho internacional.
En este sentido, la mención que hizo la canciller María Ángela Holguín en su discurso, al hablar del pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia sobre la toma de la embajada de EE.UU. en Teherán en 1979, cayó como anillo al dedo: “No hay un prerrequisito más fundamental en la conducta de las relaciones entre los estados que la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y embajadas”.
Aquí surge el tercer punto esencial de la resolución de la OEA: el tema de la situación final de Assange debe ser decidido bilateralmente entre Quito y Londres. Nadie más tiene por qué meter la manos. De momento la salida, una vez superado el impasse, pasa por dos opciones. La primera, que Suecia dé seguridades de que Assange no será extraditado a Estados Unidos, lo que resuelve la situación de inmediato. La otra, esperar a que pase el tiempo y al final se pueda conceder el salvoconducto, como ha sucedido en otras ocasiones.
Por último, queda en evidencia otro principio para recalcar. Por más asilo concedido, Correa debería cambiar su actitud con respecto a la libertad de prensa en su propio país, donde mantiene una enconada pelea personal con los medios de comunicación. Esperamos, entonces, que sea consecuente.
Por El Espectador
