¿Asunto cerrado?

Después de varias semanas de discursos fatalistas por lado y lado, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, anunció este martes que se expedirá un decreto que reduce el arancel para la entrada de azúcar al país del 119% al 70%. La nueva tasa, concertada en una reunión con los ingenios azucareros y paneleros y representantes de las industrias que utilizan el azúcar como insumo, es un punto medio entre lo que pretendían los primeros —dejar el arancel en 119%— y a lo que aspiraban los segundos —eliminar del todo el arancel—. Se desechó la intención inicial de la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez, quien propuso que el arancel se redujera gradualmente hasta llegar al 40% en los próximos tres años.

¿Asunto cerrado y todos tan contentos? ¿O estamos ante una definición salomónica de un pulso entre grandes poderes, en un tema que falta estudiar de manera más adecuada para justificar la cifra en la que debe quedar dicho arancel? Veamos.

El argumento del Gobierno y de las empresas para reducir el arancel es de competitividad. La lógica es que los aranceles elevados mantienen el precio interno del azúcar alto, lo que implica mayores costos para los productos que lo utilizan como base (los confites, por ejemplo) y, en últimas, un mayor valor en la canasta familiar de los colombianos. Bajo esa lógica, la entrada de azúcar más barato reduciría los costos de muchos productos y fomentaría la competencia, obligando a los ingenios colombianos a mejorar su productividad. En últimas, argumentan, gana el país al tener compañías con mejor capacidad de exportación y precios más asequibles para los consumidores.

Sin embargo —como lo repitieron hasta el cansancio los representantes de los productores—, el tema no es tan sencillo. Según varios académicos consultados por El Espectador, la oposición de los azucareros tiene un argumento sólido: el azúcar es un producto fuertemente subsidiado en los países productores. Por eso, cuando llega al país, el precio con el que entra es más bajo que el del mercado, lo que causa una competencia desleal con una industria azucarera colombiana desprotegida. No se puede pretender una reducción total del arancel, más aún cuando —y esta es la principal ausencia en el debate— no se ha hecho un estudio juicioso de las desviaciones propias del mercado subsidiado del azúcar.

No se trata, tampoco, de no reducir el arancel. Pero sí hay que tener una justificación clara para fijar el porcentaje adecuado, teniendo en cuenta que se trata de un mercado complejo y altamente regulado y subsidiado a nivel mundial. El argumento de la competitividad pierde sentido si no se está pensando en cómo hacer que las condiciones del mercado sean justas.

El tema no es menor, pues el azúcar es fuente de subsistencia para cerca de 190.000 familias. No creemos, como lo insinuaron las azucareras, que la reducción del arancel las vaya a llevar a la quiebra. Su capacidad instalada es suficiente para ser competitivas con menor protección. Pero sí es importante que el Gobierno haga un estudio técnico, desprendido de pasiones, lucha de poderes o intereses políticos, para definir con certeza qué arancel es el más justo para tener un mercado competitivo.

Tampoco creemos, pues, que, como dijo el ministro Cárdenas, este sea un asunto cerrado. Si el trabajo político parece concluido, se nos antoja que falta aún mucho trabajo técnico.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Después de varias semanas de discursos fatalistas por lado y lado, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, anunció este martes que se expedirá un decreto que reduce el arancel para la entrada de azúcar al país del 119% al 70%. La nueva tasa, concertada en una reunión con los ingenios azucareros y paneleros y representantes de las industrias que utilizan el azúcar como insumo, es un punto medio entre lo que pretendían los primeros —dejar el arancel en 119%— y a lo que aspiraban los segundos —eliminar del todo el arancel—. Se desechó la intención inicial de la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez, quien propuso que el arancel se redujera gradualmente hasta llegar al 40% en los próximos tres años.

¿Asunto cerrado y todos tan contentos? ¿O estamos ante una definición salomónica de un pulso entre grandes poderes, en un tema que falta estudiar de manera más adecuada para justificar la cifra en la que debe quedar dicho arancel? Veamos.

El argumento del Gobierno y de las empresas para reducir el arancel es de competitividad. La lógica es que los aranceles elevados mantienen el precio interno del azúcar alto, lo que implica mayores costos para los productos que lo utilizan como base (los confites, por ejemplo) y, en últimas, un mayor valor en la canasta familiar de los colombianos. Bajo esa lógica, la entrada de azúcar más barato reduciría los costos de muchos productos y fomentaría la competencia, obligando a los ingenios colombianos a mejorar su productividad. En últimas, argumentan, gana el país al tener compañías con mejor capacidad de exportación y precios más asequibles para los consumidores.

Sin embargo —como lo repitieron hasta el cansancio los representantes de los productores—, el tema no es tan sencillo. Según varios académicos consultados por El Espectador, la oposición de los azucareros tiene un argumento sólido: el azúcar es un producto fuertemente subsidiado en los países productores. Por eso, cuando llega al país, el precio con el que entra es más bajo que el del mercado, lo que causa una competencia desleal con una industria azucarera colombiana desprotegida. No se puede pretender una reducción total del arancel, más aún cuando —y esta es la principal ausencia en el debate— no se ha hecho un estudio juicioso de las desviaciones propias del mercado subsidiado del azúcar.

No se trata, tampoco, de no reducir el arancel. Pero sí hay que tener una justificación clara para fijar el porcentaje adecuado, teniendo en cuenta que se trata de un mercado complejo y altamente regulado y subsidiado a nivel mundial. El argumento de la competitividad pierde sentido si no se está pensando en cómo hacer que las condiciones del mercado sean justas.

El tema no es menor, pues el azúcar es fuente de subsistencia para cerca de 190.000 familias. No creemos, como lo insinuaron las azucareras, que la reducción del arancel las vaya a llevar a la quiebra. Su capacidad instalada es suficiente para ser competitivas con menor protección. Pero sí es importante que el Gobierno haga un estudio técnico, desprendido de pasiones, lucha de poderes o intereses políticos, para definir con certeza qué arancel es el más justo para tener un mercado competitivo.

Tampoco creemos, pues, que, como dijo el ministro Cárdenas, este sea un asunto cerrado. Si el trabajo político parece concluido, se nos antoja que falta aún mucho trabajo técnico.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.