¿Aumenta el vacío de poder?

Con los espacios que comienza a copar el clan del Golfo, nuevamente estamos ante el reto de un Estado que no ha podido garantizar el control de todos los espacios del país.

La minería ilegal y el narcotráfico, como se sospechaba desde antes de que el proceso de paz llegara a buen puerto, son el verdadero reto para la seguridad y estabilidad del país.
La minería ilegal y el narcotráfico, como se sospechaba desde antes de que el proceso de paz llegara a buen puerto, son el verdadero reto para la seguridad y estabilidad del país.Policía Nacional

Como era de esperar, lamentablemente, no fueron suficientes las advertencias sobre la importancia de tomar control estatal contundente en las zonas que las Farc dejarían libres en el marco del proceso de desmovilización. Lo dio a entender un comunicado publicado por el Ministerio del Interior el pasado 24 de enero con las siguientes palabras: “se ha identificado un avance de estructuras narcotraficantes del clan del Golfo hacia zonas post Farc”. Es decir, nuevamente estamos ante el reto de un Estado que no ha podido garantizar el control de todos los espacios del país, con el agravante de que en estas zonas se han presentado amenazas —y asesinatos— a líderes sociales.

Lo frustrante es que esta situación era predecible. Ya en diciembre del año pasado la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos había hecho un preocupante diagnóstico: “A medida que los miembros de las Farc abandonan áreas tradicionalmente bajo su control, el Estado no ha asumido plenamente sus funciones, dejando un vacío de poder”. No obstante, la actitud del Gobierno hasta ahora había sido la de asegurar que se estaban tomando todas las medidas necesarias para evitar la tragedia anunciada de reemplazar actores ilegales en el control de los territorios, lo que sabotearía uno de los pilares del proceso de paz y es, por fin, poder garantizar que el Estado tiene el monopolio de la fuerza en toda Colombia y la capacidad de atender a todos los colombianos. ¿Qué pasó, entonces?

Los detalles son escasos y la declaración del Ministerio del Interior no permite evaluar qué tan avanzadas están las estructuras del clan del Golfo. Lo único que dijo la cartera dirigida por Juan Fernando Cristo es que “el Gobierno Nacional actuará con toda la contundencia contra este grupo criminal y todo aquel que ponga en peligro la seguridad de los colombianos”. Necesario compromiso, pero sería muy útil que fuera acompañado pronto de resultados y, sobre todo, de un panorama oficial y transparente sobre cuál es la situación actual.

Por su parte, la Fiscalía General dio a conocer varios hechos preocupantes sobre el actuar de esa organización criminal. El fiscal, Néstor Humberto Martínez, dijo que “el clan del Golfo está intentando reclutar a los disidentes de las Farc y les está ofreciendo salarios de $1’800.000, específicamente en las zonas de Ituango y el norte de Antioquia”. También dio a conocer que el clan está influyendo “en el Bajo Cauca y el sur de Córdoba para apropiarse de dos rentas ilegales: el narcotráfico y la minería ilegal. Esta última que ahora está superando con creces la rentabilidad del tráfico de drogas”. Se cumple, entonces, lo que se sospechaba desde antes de que el proceso de paz llegara a buen puerto: el verdadero reto para la seguridad y estabilidad del país está en el narcotráfico y en la proliferación de prácticas como la minería ilegal, para los cuales las respuestas institucionales han sido, cuando menos, ineficientes.

Finalmente, los líderes sociales de las zonas afectadas elevaron una denuncia preocupante (además, por supuesto, de que los están amenazando y asesinando): parece que hay miembros de la Fuerza Pública en complicidad con el clan del Golfo. Por ejemplo, en el tema de minería ilegal, las autoridades recibieron información de que las Fuerzas Armadas han permitido el uso de más de tres toneladas de dinamita, un explosivo que solamente puede ser distribuido por la Industria Militar (Indumil). También se cuestiona cómo es posible que maquinaria traída desde Brasil atraviese el país sin ser detectada y se ponga en operación al servicio de los fines ilícitos.

Ante todo lo que está ocurriendo, no hay, por supuesto, una solución fácil. No en vano son problemas que llevan bastantes años en el debate nacional. Pero es muy difícil reconciliar el discurso oficial sobre pasar la página cuando todavía hay muestras de debilidad del Estado e indicios de que se están cometiendo los errores de siempre. Si esto no se convierte en una prioridad nacional, todo el esfuerzo histórico que se está realizando puede ser en vano. Sí, desaparecerán las Farc (y, ojalá, el Eln), pero los armados ilícitos seguirán siendo parte del día a día de muchos colombianos.

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