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Lo temido se volvió realidad: la violencia intrafamiliar está disparada gracias a la cuarentena. El hecho de que las víctimas estén encerradas con sus abusadores, sin posibilidad de salir, ha empeorado las condiciones de desigualdad que permiten este tipo de agresiones. Además, el Estado se ha visto incapaz de atender todas las denuncias, lo que fomenta la impunidad y ayuda a establecer el mensaje de que no hay manera de contrarrestar la situación.
Según el Observatorio Colombiano para las Mujeres, creado por la Vicepresidencia, entre el 25 de marzo y el 11 de abril la línea 155 atendió 1.674 reportes de violencia intrafamiliar, 982 más de los que se tuvo en el mismo período el año pasado. Esto confirma, según lo admite el mismo Gobierno, la sospecha de que el confinamiento traería un aumento en los casos.
Lo anterior son cifras que no incluyen el abrumador subregistro, que en este delito es particularmente agresivo, debido a las condiciones en las que se presenta. Las víctimas, que en su mayoría son mujeres, prefieren no denunciar para evitar repercusiones negativas o, en muchas ocasiones, para no romper el núcleo familiar. Están atrapadas sin salida en relaciones abusivas que las someten a tratos humillantes.
Por eso es tan frustrante que la respuesta institucional sea tan precaria. La semana pasada, hablando en el Congreso, la vicefiscal general de la Nación, Martha Mancera, dijo que “necesitamos fortalecer fiscales e investigadores; hoy en la Fiscalía no tenemos el número para responder a la gran cantidad de denuncias que se presentan por violencia intrafamiliar y delitos sexuales en contra de menores”.
No deja de ser frustrante que la Fiscalía se lamente por no tener la capacidad de responder a estos delitos y, al mismo tiempo, desde el despacho del fiscal general se prioricen delitos inocuos e innecesarios como los que criminalizan la pandemia. ¿Dónde están las prioridades? ¿No sería mejor utilizar los recursos limitados del ente investigador para enfrentar la violencia intrafamiliar? Las elecciones de dónde se ubica el interés de la Fiscalía tienen efectos en la vida de millones de colombianos; por ende, deberían tomarse con más inteligencia y teniendo en cuenta la proporcionalidad de la gravedad de los delitos.
Es de rescatar el esfuerzo por mejorar las líneas de atención virtuales y telefónicas. Son la única forma en que muchas víctimas están pudiendo denunciar. Sin embargo, también son evidentes sus limitaciones: sin espacios de privacidad en los hogares confinados, ¿cómo pueden encontrar la forma de pedir ayuda?
Combatir la violencia intrafamiliar necesita mucha voluntad política acompañada de recursos, pero también de campañas y cambios culturales que no pueden dejarse a un lado. En el país donde las personas creen que “los trapos sucios se lavan en casa”, hacen falta mensajes contundentes y persuasivos que demuestren que no hay espacios en los que la violencia sea aceptable. No podemos, en este momento ni nunca, dejar abandonadas a las víctimas.
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