En la última rendición de cuentas del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se hicieron varios anuncios importantes. Un dato clave, sin embargo, nos parece que debe tenerse en cuenta en una de las discusiones que más ampolla han levantado en el país este año: el alza en los precios de la gasolina. Las cifras compartidas por el Gobierno demuestran la irresponsabilidad histórica de haber subsidiado durante tantos años el coste de la gasolina. En un país que quiere tener estabilidad fiscal, así como hacer una transición hacia la movilidad sostenible, no se podía mantener esa medida. Seguirá costándole al Gobierno de Gustavo Petro en popularidad, pero una de sus decisiones más importantes ha sido el desmonte del déficit del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC).
Las palabras del ministro Bonilla deberían llevar a una reflexión nacional. “El congelamiento del precio de los combustibles le está costando al país, hasta que cerremos la brecha, $100 billones, es decir, son cinco reformas tributarias”, dijo el jefe de la cartera de Hacienda y agregó: “La reforma tributaria que se aprobó en 2022 decía que íbamos a tener un ingreso adicional de $20 billones, los combustibles se comieron la tributaria”. Vale la pena repetirlo: subsidiar el precio de la gasolina ya se comió el resultado de la reforma tributaria más ambiciosa que se ha aprobado en los últimos gobiernos. Si nos cuesta tanto recaudar nuevos fondos y de por sí el Estado ya tiene un problema de gasto, ¿por qué insistir en estigmatizar el aumento del precio de la gasolina?
En las recientes elecciones la gasolina fue un punto central de discusión. Se acusó al Gobierno de incumplir sus promesas, se subieron publicaciones viejas del propio presidente Petro y de miembros del Pacto Histórico criticando el precio de la gasolina en administraciones pasadas y se sembró la idea de que es una irresponsabilidad lo que se está haciendo. Sin embargo, es todo lo contrario: Colombia ha vivido en una burbuja costosa con un precio de la gasolina que no responde a la realidad internacional. El problema, claro, es que alguien tiene que pagarlo. Todos esos billones de pesos que se han ido en subsidiar el costo de la gasolina no se han podido invertir en otras áreas del país que necesitan apoyo estatal urgente. La pregunta de fondo es si Colombia quiere seguir derrochando su dinero en tener gasolina barata o es momento de reajustar las prioridades.
Es clave que el país conozca los costos que se están corrigiendo, porque se avecina una discusión aún más compleja. El mismo ministro Bonilla lo sabe y lo anunció: “Cerrado el déficit de la gasolina, comenzamos a hablar de diésel. Empezamos a reunirnos con los gremios de transporte, para hacer algo concertado. No queremos tomar por sorpresa a nadie”. Estamos de acuerdo con la necesidad de crear consensos, pero también es fundamental saber que acabar con el déficit es inamovible. El FEPC cumplió su propósito hace años, se quedó corto y se volvió contraproducente para la nueva realidad de consumo en movilidad. Colombia debe empezar a fomentar la transición a energías verdes y, más importante aún, dejar de derrochar recursos en un gasto que no puede ser prioridad.
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