Balance del Legislativo

De los 37 proyectos presentados por el Gobierno, sólo uno, el de la reelección de alcaldes y gobernadores, fue archivado —por fortuna— en primer debate. El resto están en curso o han llegado ya a sanción presidencial. El más importante de estos últimos es tal vez el proyecto que permite mantener los beneficios a los más de 30 mil desmovilizados del conflicto, los cuales peligraron después de un fallo de la Corte Constitucional. Por la importancia dentro de la coyuntura, la reforma a la salud fue igualmente significativa. En lista de espera, pero avanzados en trámites, terminaron proyectos de gran trascendencia como el nuevo estatuto anticorrupción, la reforma al sistema de regalías y tal vez los dos procesos más importantes para la reconciliación nacional: víctimas y tierras. De aquí que el presidente Santos no haya escatimado elogios y haya juzgado el período como “una legislatura sin precedentes en la historia”.

Aunque pueda sonar exagerada la afirmación, es cierto que la Unidad Nacional, con más de las dos terceras partes del Congreso, ha dado resultados a pesar de las divisiones internas, por lo demás naturales dado el tamaño de la coalición y, entre todo, deseables. No obstante, más significativa que la producción del período legislativo es la recuperación que ha venido manifestando la dinámica del Congreso. La renovada discusión en términos de ideas, que ha puesto a la cabeza al Partido Liberal y a Cambio Radical, y que ha obligado a partidos como el Conservador y el de la U a replantearse, además de haber presionado cambios en la estructura política del país, ha hecho fructíferos los debates. La presidencia del Senado, por su parte, ha trabajado para poner la corporación en orden y las cabezas de varios partidos han sabido dar línea y avanzar agendas colectivas. Además, el nuevo tono entre el Ejecutivo y el Legislativo ha restituido el respeto entre las dos ramas de poder y le ha devuelto a este último su papel protagónico, hecho que ha favorecido los acuerdos.

En este contexto surge un reto importante para la siguiente legislatura: es necesario reglamentar las comisiones de conciliación. En el pasado período, 11 de los 14 proyectos que llegaron a cuarto debate terminaron en esta instancia, pero lo que sucedió allí no se conoce. Las comisiones no tienen actas y esto hace que, si bien son públicas las modificaciones, no lo son los acuerdos ni las discusiones que llevaron a ellas. Además, tampoco son claros los criterios por los cuales son elegidos los miembros de las comisiones de conciliación. Sin reglamentación es sólo cuestión de tiempo para que se presenten abusos de poder dentro del Legislativo. Éste debería ser un propósito en aras de la transparencia.

De otra naturaleza es el problema de los altos niveles de abstención en las votaciones y el persistente ausentismo. Aunque muchos atribuyen el origen del problema a la pereza de los legisladores, quórums que apenas superan el nivel decisorio no pueden recibir una explicación tan simplista. Es necesario estudiar las razones de una votación tan baja y tomar los correctivos. Es preocupante que poco menos de la mitad de los congresistas no estén participando, en especial, cuando todo indica que la agenda legislativa seguirá activa. Mantener el buen desempeño de esta legislatura supone mantener lo alcanzado y avanzar en nuevos retos. El Ejecutivo ya ha solucionado lo que ha podido con el restablecimiento de las relaciones y con proyectos, como el estatuto anticorrupción, que de ser aprobados, mejorarían los controles de todo el Estado, pero qué tanto logre recuperar el Legislativo su protagonismo y prestigio es un reto propio.