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La aprobación en Israel de una impopular reforma judicial, que le quita al Tribunal Supremo la potestad de anular aquellas decisiones del Gobierno, ministros o funcionarios públicos electos que considere irrazonables, pone en riesgo la separación de poderes en el país y es un peligro para su democracia. La Knéset —el Parlamento israelí— votó mayoritariamente la ley con el apoyo de la derecha, la derecha radical y los ultraortodoxos. La oposición se ausentó en bloque en concordancia con lo que solicitan en la calle quienes se han manifestado en contra de la reforma. Paradójicamente, será el propio Tribunal el que decida sobre su validez.
El tema se ha convertido, en los últimos meses, en un peligroso parteaguas que ha dividido aún más a la ya de por sí polarizada sociedad israelí. El deseo del primer ministro, Benjamin Netanyahu, que encabeza el gobierno de coalición más derechista que ha tenido el país en sus 75 años de historia, es limitar peligrosamente las funciones del Tribunal. Dado que en Israel no existe Constitución, debido a las dificultades que se presentaron en 1948 entre los laicos liberales y la derecha religiosa, el Parlamento ha expedido 13 leyes básicas que garantizan la continuidad democrática. El Tribunal tiene la potestad de anular disposiciones que afecten alguna de las 13 leyes básicas, lo cual ha sucedido en más de 20 ocasiones con varias normas. Los analistas consideran, con toda razón, que la actual reforma modifica sustancialmente el tipo de gobierno democrático que han tenido hasta el momento y su estructura fundamental como Estado. Es por este motivo que cientos de miles de personas, en un país de 10 millones de habitantes, han realizado grandes protestas e incluso un paro nacional para exigirle a Netanyahu que retirara sus propuestas.
A pesar de que el Tribunal hubiera podido detener la aplicación de la ley de inmediato, sus integrantes prefirieron esperar hasta septiembre y escuchar a quienes presentaron apelaciones. De esta manera, el Supremo no se precipita al tomar una decisión sobre una norma que va en contra de sus funciones. También deja al Gobierno sin la posibilidad de argumentar que el máximo órgano judicial actúa en contra del Parlamento y permite que haya una decisión final sustentada en argumentos jurídicos. Aunque es aventurado presentar hipótesis sobre lo que sucederá el mes entrante, una de las opciones podría ser el rechazo del Supremo a la ley y la posibilidad de que el Ejecutivo decida no cumplir la sentencia. Ante esta eventualidad se presentaría un indeseable choque de trenes que pondría en jaque todo el andamiaje democrático israelí.
Según las encuestas, la mayoría de israelíes se oponen a la reforma judicial planteada por Netanyahu, un 50,7 % frente al 33,7 % de apoyo, con un 48,1 % a favor de las manifestaciones y el 38,2 % en contra. De esta manera se demuestra que un buen número de ciudadanos que votaron por la alianza de gobierno no apoyan este tipo de salto al vacío en materia judicial. Uno de los grandes temores que existen es que el país pase de ser una democracia a un Estado religioso o una dictadura. Hace una semana, al día siguiente de que fuera aprobada la ley, los principales periódicos publicaron su primera página en negro, con una frase: “Un día negro para la democracia israelí”. No les falta razón.
Esta indeseable situación ha llevado a algunas personas a hablar del peligro de una guerra civil, algo que parece exagerado. Lo cierto es que el actual choque, que se da entre dos formas de ver el país, debe ser resuelto mediante el respeto por la institucionalidad democrática. Cualquier intento de imponer una deriva autoritaria, como desea Netanyahu, debe ser rechazado de manera categórica. El Tribunal Supremo tiene la última palabra.
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