El aumento del salario mínimo en un 16 % es una excelente noticia para Colombia, más que por la cifra en sí misma que puede ser discutible, porque dado el contexto resultaba especialmente complejo conciliar entre intereses encontrados. Cuando se esperaba una negociación tensa y marcada por la fuerte inflación y la crisis económica que se vislumbra para 2023, empresarios, sindicatos y Gobierno fueron capaces de llegar a un acuerdo sin mayores contratiempos y adoptando un aumento razonable para los tiempos que vivimos. Después de unos meses de turbulencia económica, la señal de estabilidad y diálogo es más que bienvenida.
Se dirá que es el incremento del salario mínimo más alto en un siglo, lo que es cierto, pero no deja de ser engañoso. Ese 16 %, que ubica el sueldo en $1’160.000 más $140.606 de subsidio de transporte ($1’300.606 en total), responde a dos realidades: que los últimos dos aumentos de salario mínimo no fueron superiores a la inflación de los años que los siguieron y que este 2022 terminaremos también con una inflación muy elevada. Es decir, que los colombianos están pudiendo comprar muchas menos cosas con la misma cantidad de dinero, lo que se ha convertido en una crisis en todos los hogares del país.
Por ejemplo, la canasta familiar ha visto un increíble incremento del 26 % anual. Esto, sumado a las alzas en los arriendos, amenaza fuertemente la capacidad adquisitiva de los colombianos. Bien lo dijo la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez: “Hemos tomado como cifra básica lo que es la inflación de los pobres, es decir, hemos partido del 14,4 %. ¿Por qué razón? Porque es allí donde más impacto ha habido en la canasta básica”. No podía haber negociación sin esa realidad. Y un añadido, como contó una nota de El Espectador: “En 2021 el salario mínimo subió 3,5 % y la inflación cerró ese año en 5,62 %; y para 2022 se acordó un incremento salarial del 10 %, pero la inflación ya supera el 12 %”. Es decir, veníamos en déficit.
En todo ese contexto, el 16 % es una cifra razonable: implica un ajuste importante para las empresas, pero no se trata de un aumento desconsiderado teniendo en cuenta el incremento de los precios en todos los sectores del país. Haber ido mucho más allá podría haber generado una nueva espiral inflacionaria y fomentado la informalidad; haber pactado menos sería una afrenta contra los colombianos, en especial los 3,4 millones de trabajadores que ganan un salario mínimo.
La otra buena noticia es la desindexación de algunos precios claves. En Colombia es común que los precios de muchos rubros aumenten a la par del incremento del salario mínimo, como las multas, sanciones y demás pagos estatales. Si todo eso subiera un 16 % el año entrante, estaríamos también ante una crisis inflacionaria. Por eso el Gobierno decretó la desindexación de actividades, bienes y servicios, buscando que el aumento del año entrante no anule la capacidad adquisitiva de los colombianos. Era necesario y esperamos que ayude a generar algo de alivio en ese 2023 tan difícil que viene.
Nos quedamos con el cambio de tono y la conciliación. En tiempos económicos difíciles es esperanzador ver a todos los actores nacionales encontrarse en el diálogo. Eso de por sí ya es un triunfo.
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