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Si hay una reforma constitucional por la que tanto el Gobierno como el Congreso de la República pueden sacar pecho en esta legislatura es la aprobación de la Jurisdicción Agraria y Rural. No solo se trata del cumplimiento (tardío, hay que decirlo) de uno de los acuerdos fundamentales entre el Estado y las FARC en La Habana, sino que es el reconocimiento histórico de que Colombia es un país construido sobre la espalda de campesinos que, sin embargo, han sido olvidados por la institucionalidad. Si se logra ejecutar tal como se concibió, veremos a jueces especializados recorrer las zonas rurales dirimiendo conflictos y llevando el Estado de derecho a donde nunca ha podido llegar.
La aprobación en el Senado mostró un inusual acuerdo entre partidos: 76 senadores votaron a favor, solo hubo dos en contra y el resto se ausentó. No es unanimidad, claro está, pero sí muestra que la idea de la Jurisdicción Agraria y Rural, impulsada con vehemencia desde el Gobierno Nacional, logró superar la polarización que vemos a diario y construir consensos. Y no es gratuito: ¿por qué oponernos a que el campo tenga más justicia? ¿Por qué negarles a los campesinos lo que han reclamado durante décadas? La informalidad del campo y la ausencia de instituciones de justicia han permitido atropellos que terminan en violencia; esta jurisdicción especial, esperamos, ayudará a que el Estado esté allí donde ha brillado por su ausencia.
Tal vez el ministro de Justicia, Néstor Osuna, lo explicó con mayor elocuencia: “En Colombia los pleitos de tierras históricamente se han resuelto a bala. La creación de una Jurisdicción Agraria es una apuesta de paz para resolver, de modo civilizado, razonable y con justicia, esos conflictos que tienen tanta sangre y muertos detrás”. Estamos de acuerdo. La herida del conflicto colombiano tiene sus raíces en la ausencia de una reforma agraria, de mecanismos de protección y aplicación de las normas en las zonas rurales, de un Estado que ponga la cara por los más vulnerables y se asegure de que los abusos no sean la única ley.
Es cierto que quedan muchas deudas. Aún necesitamos una reforma agraria integral, que el catastro multipropósito sea una realidad para que el Estado pueda comprender qué tierras hay y a quién le pertenecen, que los procesos de reparación a las víctimas se aterricen, y que el gobierno de Gustavo Petro logre la compra de los tres millones de hectáreas que anunció hace meses. Sin embargo, la apuesta por una justicia especializada se une a un cambio de foco a escala nacional hacia las necesidades del campo. Lo agradecen los seis millones de campesinos, que también fueron reconocidos como sujetos de derecho en el ámbito constitucional en otra reforma aprobada por el Congreso, y lo agradecerá el resto del país, que verá cómo su sostenibilidad frente a la emergencia climática pasa necesariamente por repotenciar a las zonas rurales.
También les queda la lección a las fuerzas políticas de que es posible tramitar proyectos en bienestar del país sin entrar en controversias innecesarias. Encontrar puntos de concordancia lleva a cambios útiles para toda Colombia. Ojalá lo recuerden cuando inicie la próxima legislatura.
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