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La condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) contra Colombia por el asesinato sistemático de los miembros de la Unión Patriótica (UP) es una medida de justicia que, aunque tardó mucho tiempo (casi tres décadas), debe ser recibida por el Estado como una oportunidad para seguir apoyando y fortaleciendo la justicia transicional. Para la CorteIDH fue evidente lo que no se ha podido determinar en los juzgados nacionales: que durante los años 80 hubo un plan siniestro para silenciar a la izquierda. Tendríamos otra Colombia, muy probablemente, si los líderes políticos de la UP no hubiesen visto sus carreras terminadas de manera tan macabra y trágica.
La CorteIDH habla de más de 6.000 víctimas y la sentencia es clara: “En esa cifra se encuentran incluidos, entre otros, 521 casos de desaparición forzada de personas, 3.170 casos de ejecuciones extrajudiciales, 1.596 casos de desplazamiento forzado, 64 casos de tortura, 19 casos de judicializaciones infundadas, 285 casos de atentados o tentativas de homicidio y 10 casos de lesiones”. Según Michael Reed Hurtado, perito experto consultado por el tribunal internacional, “la movilización y el conflicto social, en el cual la UP representaba sectores subordinados, fueron leídos por las élites propietarias y por la Fuerza Pública como manifestación insurgente que amenazaba su seguridad y su situación privilegiada, a esto también se reaccionó mediante el ejercicio de la violencia”. En otras palabras: claro que hubo un plan sistemático y por supuesto que el Estado, tanto por acción como por omisión, es responsable de que se haya aniquilado a todo un sector político. Al sol de hoy, nuestra democracia carga con esa cicatriz e incluso mantiene muchas heridas abiertas.
Lo más frustrante de estos casos es que, en su abrumadora mayoría, la justicia colombiana fue incapaz de dar con los responsables. Esa incapacidad ha sido leída en momentos históricos como negligencia y es difícil desvirtuar esa visión. Aunque ahora la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene un macrocaso por lo ocurrido, es bienvenida la sentencia de la CorteIDH, pues en efecto el Estado colombiano abandonó durante décadas enteras su responsabilidad de investigar y, además, ofrecer disculpas y reparación a las víctimas.
Dentro de la sentencia de la CorteIDH se ordena que en un plazo de dos años haya avances en la justicia nacional en los miles de casos. Así debe ser. También se pide un acto público de reconocimiento de la verdad y responsabilidad, así como la construcción de un monumento en memoria de las víctimas y varias placas en diferentes ciudades. El presidente Gustavo Petro debería aprovechar su propio simbolismo histórico, al ser el primer presidente de izquierda, para que ese acto se convierta en un triunfo más de la justicia transicional y ayude a tender puentes para la reconciliación. Llevamos casi 30 años esperando algo así. Que esta condena internacional sea una excusa para seguir dando conversaciones difíciles, reparando a las víctimas y fomentando la justicia en Colombia.
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